Vecinos de S.S.de Reyes piden que un "fondo buitre" sea declarado 'non grato'

Varios centenares de vecinos de San Sebastián de los Reyes pide que el "fondo buitre" Lazora sea declarado 'non grato' en la ciudad, por "no respetar" el compromiso de mantener los alquileres de los pisos que adquirieron (que antes fueron viviendas protegidas), subiendo su alquiler hasta un 50%.

Esta petición se la trasladarán al Consistorio cuando finalicen la recogida de firmas que iniciaron hace cuatro semanas a través de la plataforma Change.org, y a la que se han sumado casi 700 personas.

Los afectados critican que no se haya respetado la declaración institucional aprobada en el Pleno de julio, que instaba a Lazora a iniciar una negociación con los afectados de los pisos situados la calle Juan Gris, para que pudieran mantener un alquiler "asequible" sin ser "expulsados de sus hogares".

Sin embargo, los inquilinos han denunciado en un comunicado que Lazora ha incumplido ese compromiso, con lo que consideran que han "faltado al respeto" al Ayuntamiento y a los vecinos.

Entre otras cuestiones, critican que la empresa vetara en la última reunión a los afectados y acudieran al encuentro "sin responder a las reclamaciones" de los arrendatarios, sino que "únicamente" trasladaron un comunicado "lleno de falsedades".

Los vecinos añaden que, en contra de lo que dice Lazora, en ninguno de los contratos firmados con Lazora antes de que dejaran de ser viviendas de protección oficial viene reflejado que esos pisos pasarían al régimen libre en 2016, "y mucho menos que eso supondría subidas injustificadas".

También reprueban que no se ha realizado ninguna mejora que justifique esa subida del precio, y que sus ofertas de renovación (con precios de entre 999 y 1.050 euros, según han indicado) son superiores al precio de mercado e "incluso son superiores a las que Lazora ofrecía en su web a nuevos inquilinos".

Los vecinos han agregado que la empresa no está ofreciendo "alternativas para cada circunstancia", sino que obliga a cada familia "a vivir en riesgo de pobreza", ofreciendo un contrato con "cláusulas abusivas".

Y critican también que la empresa no ha accedido a hablar con las cinco familias cuyos contratos vencen en 2018, y que se han limitado a enviarles un "desagradable burofax" en el que les advierten que "o entregan las llaves o iniciarán trámites legales para desahuciarles".

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