El AMB aprueba un reglamento para hacer cumplir la proporción 1/30 a los VTC
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado definitivamente el reglamento que hará que en los servicios urbanos se cumpla[…]
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado definitivamente el reglamento que hará que en los servicios urbanos se cumpla la proporción de una autorización de vehículo de alquiler con conductor, las denominadas VTC, por cada 30 licencias de taxi.
La mencionada normativa, que entrará en vigor a principios de julio, considera como un "servicio urbano" todo aquel que transcurra íntegramente dentro de los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Esto significa, por ejemplo, que los vehículos de servicios como Uber o Cabify que no dispongan de la mencionada licencia metropolitana no podrán hacer el recorrido entre la capital catalana y el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
En caso de que se prestara el servicio sin la preceptiva autorización, se considerará como una infracción "muy grave" que se multará con hasta 4.000 euros.
La presidenta del AMB, Ada Colau ha destacado que esta normativa es fruto de "meses de trabajo" y de muchas reuniones, consultas e informes de expertos.
"No miramos hacia otro lado, miramos la realidad, y no puede ser que disfrazados de nuevas formas de economía haya grandes intereses especulativos que se salten las reglas del juego y que pretendan amenazar el derecho a la movilidad ya la lucha contra la contaminación ", ha recalcado.
En este sentido, el preámbulo de la regulación aprobada pone de manifiesto la "evolución" experimentada por el servicio de alquiler de vehículos con conductor, que ha pasado de circunscribirse a "servicios especiales" a extenderse al cliente básico.
Esto, continúa el texto, implica "una clara y evidente coincidencia con los servicios tradicionalmente prestados por el taxi, del cual solo les separa la contratación previa, las características del vehículo y la modalidad de cobro sin taxímetro".
El ente supramunicipal alerta de que la colisión de intereses entre colectivos no se puede resolver desde el ámbito local, dado que "la ordenación y la planificación del sistema de transporte es competencia autonómica".
Sin embargo, agrega que "resulta incuestionable que esta coincidencia en los tipos y en el ámbito urbano de las dos modalidades conlleva graves afectaciones que inciden en las competencias de ordenación estrictamente locales".
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