Las petroleras creen que informe de los expertos tiene un sesgo muy eléctrico

La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) considera que la parte impositiva del informe del comité de expertos sobre transición energética "es la menos coherente" y la que "tiene menos sentido" de todas, y afirma que el documento tiene "un sesgo muy eléctrico".

El presidente de la AOP, Luis Aires, en un encuentro con medios de comunicación, ha analizado hoy el informe, que recoge, entre otras medidas, la imposición de un recargo al consumo de carburantes para financiar infraestructuras viarias e incrementar el tipo impositivo aplicable al gasóleo hasta un 29 %, mientras se instaura un impuesto al CO2.

El también presidente de BP España ha indicado que la AOP está de acuerdo con que haya un coste para las emisiones de CO2, de forma que las tecnologías que contaminan paguen más.

Ha indicado que la propuesta de los expertos de sustituir la imposición indirecta que existe ahora por otra directa medioambiental, que grave las emisiones de CO2, puede funcionar si el mecanismo está bien diseñado.

No obstante, ha señalado que no están de acuerdo con que hasta que se haga ese cambio en la tributación, que es complejo, se suba el impuesto al gasóleo al 28 % y ha afirmado que "no se pueden hacer chapuzas para conseguir unos fines recaudatorios" cuando hay en marcha un desarrollo tecnológico que va a permitir cumplir el objetivo de reducción de emisiones a 2030.

Aires ha dicho que con lo que no están de acuerdo es con que se introduzcan elementos impositivos adicionales a los carburantes, como gravar las emisiones de óxido de nitrógeno, azufre o partículas, pues esos tres elementos no tienen nada que ver con los gases de efecto de invernadero ni con el cambio climático, sino con la calidad del aire en las ciudades.

Ha manifestado que, si se quieren gravar esas emisiones, habrá que hacerlo en su origen, que son los motores que utilizan el combustible, haciendo que paguen más los más antiguos, pues los actuales emiten un 85 % menos de óxidos de nitrógeno que los de hace diez años.

Aires ha señalado que el problema de la calidad del aire en las ciudades tiene que ver con la antigüedad del parque automovilístico y que, si se sustituyeran los vehículos de más de 20 años, que son un 15 % del total, se reduciría entre un 30 % y un 40 % ese problema.

También ha manifestado el desacuerdo de la AOP con que el déficit tarifario del sector eléctrico, se cargue a otras fuentes de energía, si no se hace con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha expresado su disconformidad con que los consumidores de gasóleo y gasolina paguen los costes de infraestructuras como las carreteras.

Ha recordado que éstas no son sólo para los vehículos de gasóleo y gasolina, pues también las utilizarán los eléctricos.

No obstante, la AOP considera que tiene sentido que los expertos propongan que las ayudas a los vehículos de energías alternativas tengan en cuenta la reducción de emisiones de CO2, pues eso puede "ayudar a evitar barbaridades como las que se están haciendo en este momento".

En este sentido, ha recordado que se dan ayudas de 600 hasta 1.000 euros por tonelada de reducción de CO2, cuando la imposición que se ha propuesto imponer a las emisiones es de 33 euros a 50 euros por tonelada, una desproporción con la que dice se despilfarra dinero público.

Además, la AOP quiere que las subvenciones a la movilidad alternativa no se circunscriban al vehículo eléctrico, sino que se amplíen a cualquier tecnología de vehículos que reduzca emisiones, como híbridos y vehículos de combustión interna, en función de la cantidad que ahorren cada uno en emisiones de CO2.

.