Liberar los peajes de las autopistas costaría 450 millones anuales al Estado

El Gobierno tiene la intención de ir recuperando todas las autopistas de peaje según venzan las concesiones actuales y no prorrogarlas, salvo excepciones. No obstante, la intención del Ministerio de Fomento es volver a licitar parte de ellas -no ha concretado más, dado que hablamos de un período largo-, aunque en condiciones distintas.

Esta postura ha preocupado a las empresas del sector, representadas por la patronal Seopan, que este miércoles estimó en 450 millones de euros anuales el coste para las arcas del Estado si se terminaran liberando todas de pago. En esa factura se incluye, además de la reversión fiscal que se dejaría de ingresar desde las empresas, el coste de su mantenimiento.

Por eso, las concesionarias de autopistas abogan por mantener el modelo actual, aunque pueda haber algunas modificaciones. La AP-6 entre Villalba (Madrid) y Adanero (Ávila) ya ha cambiado de manos, aunque se mantiene el peaje, y el próximo 30 de noviembre será el turno de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava).

En Seopan defienden que, más allá de que su gestión se encargue a una empresa u otra del sector, se mantenga como vía de pago al vencer la concesión actual. Sostienen que hace falta una inversión de 320 millones para ampliación y mejora, obras que en caso contrario asumiría el departamento de Iñigo de la Serna.

Ellos, sin embargo, defienden que es mejor dejarlo a la iniciativa privada. «No tiene sentido que los españoles sufraguen con sus impuestos el tráfico de vehículos extranjeros», afirmó el presidente de su patronal, Julián Núñez. Y es que la mitad de su tráfico durante el verano corresponde a vehículos de otros países.

Ya en 2019 finalizan las concesiones de otras dos vías de pago, la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz. En 2021 le tocará al resto del trazo de la AP-7 y a la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Y todas son de Abertis.

Vías quebradas

Respecto a las nueve autopistas de peaje ya en quiebra, en Seopan cifran en al menos unos 4.000 millones el coste final de su rescate, aunque el Gobierno lo redujo a la mitad (2.100 millones) en su última estimación enviada en octubre pasado a Bruselas. Aquella incluye en su cálculo las inversiones de las concesionarias para construirlas, y el coste de las expropiaciones de terrenos.

El Estado ha asumido la gestión de cinco; en otras tres lo hará antes de julio y la última tardará algo más. Prevé volver a licitarlas a finales de año e ingresar un "máximo ideal" de 1.000 millones, junto a otros 400 millones por recuperar las fianzas que prestaron constructoras y concesionarias al hacerse con los contratos. Pero por las dudas generadas Hacienda ha decidido cargar el coste final al Fondo de Contingencia, además de tener un impacto todavía no cerrado en el déficit público.