La Agencia de Control Alimentario impuso 38 sanciones a trece empresas de CyL

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) llevó a cabo 279 inspecciones de oficio en Castilla y León, el ocho por ciento de las efectuadas en el ámbito nacional, e impuso 38 sanciones a trece empresas de la Comunidad por incumplir la Ley de la Cadena, por un total de casi 100.000 euros.

El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, han informado hoy de rueda de prensa del balance de actividad de este organismo, que actúa como garante de buenas prácticas entre los agentes de la cadena alimentaria.

Herrero ha explicado que AICA nació con la Ley de 2013 que establece por un parte una serie de reglas que se tiene que cumplir en la compra y venta de alimentos y por otra cuenta con una dimensión voluntaria, un código de buenas prácticas.

La Agencia de Información y Control Alimentarios se ocupa de supervisar el cumplimiento de esas reglas, que abarcan los contratos por escrito en las ventas de productos que salen del campo, con un precio determinado, y el plazo de cobro, que puede oscilar entre treinta días en el caso de los productos frescos hasta un máximo de sesenta si no son perecederos.

Ha concretado que AICA puede trabajar, bien a través de la recepción de denuncias, bien de oficio por sospechas de que algún eslabón de la cadena se salta las normas, lo que conlleva la sanción correspondiente que puede variar de 3.000 euros en casos leves a un millón en los muy graves, además de tener en cuenta la posibilidad de reincidencia, que incrementa el grado de la multa.

Herrero ha aclarado que la Agencia que dirige no se ocupa de la calidad de los alimentos, ni del etiquetado ni de la seguridad alimentaria y su actividad se centra en la relación comercial de la compra y venta de productos.

En el ámbito nacional, desde 2014, AICA acometió 3.669 inspecciones en España, el ocho por ciento de ellas en Castilla y León, donde se han llevado a cabo 279, sobre productos agrícolas y ganaderos de forma muy amplia y que ha incluido como principal sector el vitivinícola.

El director de la Agencia de Información y Control Alimentario ha ceñido los datos vinculados con Castilla y León a las empresas con sede social en la Comunidad y ha matizado que las 38 sanciones impuestas a trece compañías de la Comunidad representan que varias de las inspeccionadas tiene más de una sanción.

Del total, 31 de las multas obedecieron al incumplimiento del plazo de pago y seis se debieron a no presentar contratos con agricultores y ganaderos, mientras que una tuvo que ver con la negativa a facilitar información a AICA.

Al ofrecer las cifras por sectores, Herrero ha detallado que el área vitivinícola acaparó veintiuna de las 38 sanciones impuestas y ha citado el caso de una bodega con dieciocho multas acumuladas, mientras que otras trece sanciones se situaron en el área de frutas y hortalizas y dos en empresas comercializadoras de animales vivos.

Entre las conclusiones obtenidas de las actuaciones de la Agencia, su director ha destacado que la industria láctea en Castilla y León cumple la ley de la cadena alimentaria, mientras en el sector vitivinícola el incumplimiento de las bodegas es ligeramente superior al de otras Comunidades.

En este sentido, ha anunciado que se intensificará la actividad la próximas semanas y en 2018 y ha mencionado que los controles en la Comunidad se dirigirán a verificar si existen los contratos y los plazos de pago de la uva en los treinta días establecidos que se debe abonar cuando se entrega.

Por provincias, las principales sanciones dentro de Castilla y León han correspondido a Valladolid y Salamanca, seguidas de Segovia, León, Burgos y Palencia, mientras que en Ávila, Soria y Zamora no contaron con ninguna multa.

Herrero también ha citado las denuncias por ventas a pérdida, lo que significa productos que se venden en supermercados a precio inferior al que lo han comprado y, aunque ha precisado que AICA no dispone de potestad para esta cuestión, sí ha trasladado veinticuatro denuncias en este ámbito a los departamentos correspondientes de la Administración autonómica para su investigación.

La finalidad de AICA consiste en que se pase "del trato al contrato", ha resumido Herrero, quien ha insistido en que la misión de este organismo se dirige a velar por el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y a conseguir que haya menos sanciones y más cumplimiento de la normativa.

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