Page y Podemos quieren altos cargos elegidos a dedo como funcionarios
El Gobierno de Castilla-La Mancha, dirigido por el socialista Emiliano García Page y del que también forma parte Podemos, sigue[…]
El Gobierno de Castilla-La Mancha, dirigido por el socialista Emiliano García Page y del que también forma parte Podemos, sigue empeñado en regalar a directivos elegidos a dedo los derechos propios de los funcionarios de carrera que han pasado su correspondiente oposición y que llevan toda la vida dedicada a la función pública. Así queda reflejado en un decreto que ya tiene preparado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la región, en el que se abre la puerta a que personal no funcionario ocupe un puesto directivo en la Administración, y donde también se puede leer que «al personal directivo profesional le es aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal funcionario de carrera».
Esto significa, como denuncia el sindicato de funcionarios STAS-CLM, que «cualquier alcalde defenestrado en las urnas pueda encontrar una puerta de atrás para el acceso a la Administración regional». Pero no sólo podría beneficiarse de esta modificación legal un antiguo político sino, por ejemplo, un asesor elegido a dedo por el Gobierno actual. Los requisitos que el Gobierno establece para poder desempeñar un puesto de este calibre, además, no son demasiado complicados de reunir: superar un curso de formación impartido por la administración, tener un máster oficial en dirección pública, haber despeñado puestos directivos durante dos años continuados. Basta con cumplir sólo con uno de estos supuestos.
El decreto, que aún tiene que explicar el Ejecutivo formado por el PSOE y sus socios de Podemos, también pone de manifiesto que, en el momento en el que se produzca la suspensión de funciones de estos cargos a dedo, «el personal directivo tiene derecho a la suspensión de su nombramiento con reserva de plaza». Este detalle, como critica el sindicato, puede suponer, en el caso de que otro partido de signo diferente accediera al Gobierno -y de forma lógica no quisiera contar con el personal de confianza del Ejecutivo anterior-, la «rescisión» de dichos contratos «y el cobro del finiquito, que puede llegar a ser millonario», para perjuicio de las arcas públicas.
Reincidentes
El Gobierno de Castilla-La Mancha se cubre las espaldas en el decreto al indicar que este procedimiento, que los funcionarios consideran como un agravio, es «excepcional», pero se da la circuntancia de que, como ya denunció ABC en agosto, Page y sus socios de Podemos ya intentaron algo parecido. En aquella ocasión, ambos grupos presentaron a las Cortes regionales una enmienda a la Ley de Presupuestos en la que se reflejaba su intención de establecer una serie de privilegios a los funcionarios «políticos». Se trató de un intento de consolidación del rango de los altos cargos asegurándoles un aumento de sueldo «para toda la vida». Tras la publicación del caso, Podemos se desvinculó de la maniobra y planteó a Page una marcha atrás. Ahora, meses después, otro decreto podría favorecer a cargos políticos elegidos a dedo.
