ELA y LAB piden a los grupos que rechacen la Ley de Empleo Público

ELA y LAB han coincidido hoy en solicitar a los grupos del Parlamento Vasco que rechacen en la tramitación en la Cámara el proyecto de Ley de Empleo Público Vasco, que también ha sido criticado por UGT y CCOO.

El Consejo Vasco de la Función Pública ha aprobado hoy, con el apoyo del Gobierno de Vitoria, las tres diputaciones forales y Eudel, y el rechazo de los sindicatos, el proyecto que incluye, entre otras cuestiones, nuevos permisos en maternidad y de conciliación para los trabajadores de los tres niveles institucionales de Euskadi.

Tras la reunión, ELA ha instado a los grupos parlamentarios a que rechacen en la tramitación en la Cámara autonómica un proyecto que, según este sindicato, "renuncia" al desarrollo de una norma propia y "se supedita a Madrid".

ELA ha considerado que el texto es un "corta y pega" del presentado en la anterior legislatura y que finalmente fue retirado por el Gobierno Vasco en la tramitación parlamentaria y que con él el Ejecutivo renuncia a desarrollar unos servicios públicos que garanticen unos derechos universales a toda la ciudadanía.

Además, introduce medidas de la reforma laboral, como la movilidad geográfica, niega el derecho a la negociación colectiva, consolida la "enorme privatización y la subcontratación" y "abre la puerta a su crecimiento".

LAB también ha rechazado el borrador porque, a su juicio, no responde a las necesidades que hay en los servicios públicos vascos y se limita a un "simple desarrollo de la legislación estatal, en línea con el Estatuto Básico del Empleado Público".

A juicio de esta central, esta Ley condenaría a los trabajadores de las administraciones vascas a la "temporalidad" y no incluye medidas para "finalizar con la era de los recortes".

También ha considerado que su objetivo es "incluir una perspectiva mercantilista" y prevé fomentar las privatizaciones, amortizar puestos de trabajo y exigir movilidad plena a las plantillas.

"El derecho a la negociación colectiva no se respeta totalmente en el anteproyecto de ley, ya que no impone a la administración la obligación de llegar a acuerdos", ha recalcado LAB.

UGT-Euskadi también ha mostrado su rechazo a un texto que no da garantía de estabilidad en el empleo ni en el mantenimiento de los servicios públicos.

La secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Euskadi, Arantza Agote, ha advertido de que, aunque se han recogido varias aportaciones presentadas por este sindicato en anteriores reuniones, aún así "no refleja cuestiones fundamentales como establecer el 8 % como máximo de contratación temporal" y no se cierran las puertas a la privatización.

La representante de UGT considera "muy grave" que el personal empleado público monolingüe vea "coartado su derecho a la movilidad y a la promoción interna" por la exigencia de perfiles.

En este sentido, la responsable de UGT ha apostado por la euskaldunización de la Administración a través del "relevo generacional", por lo que abogan por que no se exija un perfil una vez que los trabajadores hayan accedido al empleo público.

También CCOO ha criticado el apartado referido al euskera porque funcionarios de entre 50 y 60 años tienen serios problemas para aprender esta lengua y no quedan exentos como ocurría hasta ahora a partir de los 45 años.

Comisiones Obreras se opone al carácter que se le da a la negociación colectiva, que ha quedado "reducida a la mínima expresión" y no se reconoce la función de los sindicatos, al tiempo que el apartado sobre el personal directivo permitiría "una especie de puertas giratorias".

También considera que se debe ser más riguroso a la hora de recoger en la nueva ley cuestiones como la temporalidad e interinidad.

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