Herrera aboga por plan "consensuado" para la regeneración zona de Aguablanca

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha abogado hoy por un plan "consensuado", entre todas las partes afectadas, para la regeneración económica de la zona de la mina de Aguablanca, pues también hay implicados municipios de las provincias de Sevilla y Huelva.

Herrera ha afirmado que si el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se plantea ayudas a la zona de la mina de Aguablanca, debe ser "para todos los pueblos afectados", incluidos los ubicados en Andalucía, y "no solo, como exige la Junta de Extremadura, a las localidades extremeñas".

La delegada del Gobierno en la comunidad ha contestado así a la Junta de Extremadura, que ha criticado que el Estado no se haya sumado al plan autonómico diseñado para la regeneración económica de la zona de influencia de la mina de Aguablanca.

Herrera ha dicho no entender que el Ejecutivo regional, "por iniciativa propia, y sin consultar con nadie, se haya sacado de la manga un plan económico para la zona y pase la responsabilidad al Gobierno de España".

A la Delegación del Gobierno "se le pasaron cuatro folios sobre un plan, que se remitió al Gobierno, pero el tema es más serio, pues hay que sentarse a trabajar, a estudiar y hacer informes más profundos de la zona", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que este tema no solo afecta a la provincia de Badajoz, sino también a la de Sevilla y a la de Huelva, y por tanto "habrá que sentarse para hablar sobre ello".

Para Herrera, lo primero que se debe conocer además es "qué va a hacer la propietaria de la mina (la empresa), si la va a abrir, si la va a cerrar, en qué momento va a continuar", para indicar que "la cosa está un poco entre alfileres para estar acusando al Estado de que no se ayuda".

En su opinión, parece "quijotesco" que cada vez que hay una idea por parte de la Junta de Extremadura se aluda a la ayuda del Ejecutivo central, y en caso contrario es "malo" el Gobierno de España.

Herrera ha recordado además que hubo una exigencia "por activa y por pasiva" para que llegase la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina de Aguablanca, que se achacaba a un tema político, pero hasta que los técnicos "no vieron claro" cómo debían hacerse las distintas aclaraciones "no se produjo".

Era por tanto un tema "técnico", ha afirmado Herrera, quien ha recordado que una vez obtenida la DIA, "la Junta no ha exigido nada a la empresa".

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