La ATUC se suma a demanda de Colau de ordenar financiación transporte público

La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) se ha sumado hoy a la demanda de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pidió al Estado 40 millones más para congelar las tarifas del transporte y reclamó una ley estatal que regule su financiación.

El Ayuntamiento de Barcelona reclamó el pasado 23 de diciembre al Estado que incrementase su aportación al sistema de transporte público metropolitano de 108 a 148 millones, igualando su inversión, para poder congelar las tarifas para el próximo año.

La ATUC, la patronal del transporte público, ha destacado "la sensibilidad" con el transporte público del Ayuntamiento de Barcelona, que "está recogiendo el guante que viene lanzando el sector para zanjar una demanda histórica".

El secretario general de la patronal, Jesús Herrero, ha explicado a Efe que "llevan años pidiendo la ley" porque, a pesar de la buena calidad de los sistemas de transporte, "se ha quedado sin ordenar cómo se financia y qué responsabilidades tiene cada una de las administraciones".

Herrero ha recordado que España es el único país europeo sin una ley estatal de financiación del transporte público, un servicio que considera "tan básico como el agua".

La ley permitiría, según la ATUC, "tener un reparto de responsabilidades entre las administraciones" y "poder prever los ingresos" a más años vista para tener "seguridad" porque, a su juicio, se han acabado convirtiendo en "subvenciones", algo que la alcaldesa de Barcelona ya criticó al defender la necesidad de que la financiación del transporte público "no dependa de las fluctuaciones en las inversiones de las administraciones implicadas".

Según el secretario general de la ATUC, "no es una cuestión de fondos", aunque también reclama un incremento de la aportación, sino que "lo importante es crear una estructura que ordene y sea una ley paraguas del Estado".

Los datos de la patronal del transporte público revelan que una ley de financiación permitiría ahorrar hasta 300 millones de euros al año a las arcas públicas "gracias a la ordenación racional de los recursos que se le asignan", una cantidad que supone el 6 % del coste del sistema de transporte, cifrado en 5.000 millones de euros.

Según la ATUC, el dinero se reintegraría en el propio sistema para ofrecer un mejor servicio, lo que "contribuiría a incrementar el número de usuarios y sobre todo cumplir con la exigencia que le demanda la sociedad de ser una alternativa al vehículo privado, ahora que las ciudades se están planteando cambiar la forma en que nos movemos de un sitio a otro".

La patronal reconoce que, a pesar de que no hay una ley estatal, algunas comunidades autónomas, como Cataluña, "sí han hecho los deberes y han desarrollado una ley 'ad hoc", que en el caso de la catalana identifica los costes y determina las obligaciones de cada administración, evalúa las inversiones del sistema, fomenta la intermodalidad, la integración tarifaria y fija la fiscalidad específica para la financiación del sistema.

.