Un juez declara ilegal la huelga en los principales puertos de Costa Rica

Un juez de Costa Rica declaró hoy ilegal la huelga en los puertos del Caribe, los más importantes del país, con lo que ya son seis las instituciones de Gobierno en las que ha establecido la ilegalidad de la protesta que hoy cumple 18 días contra un proyecto de reforma fiscal.

El fallo del juez de trabajo Francisco Vargas indica que "la paralización de los servicios que brindan los muelles conlleva una suspensión esencial para el país, toda vez que se paraliza la descarga y carga de los barcos que contienen una serie de divisas e inclusive hasta alimentos".

La sentencia agrega que no se agotaron las vías de conciliación previas al movimiento del sindicato de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En la huelga ha participado más de la mitad de los trabajadores de Japdeva, ente que administra los puertos de Moín, el más importante del país, y Limón (Caribe), por donde se mueve el 85 por ciento del comercio internacional de Costa Rica y además se reciben cruceros.

El Gobierno activó planes de contingencia para mantener activos los puertos, aunque han trabajado por debajo de su capacidad máxima durante la huelga.

El sector empresarial afirma que los puertos han operado a un 70 por ciento de su capacidad.

Este es el sexto fallo de ilegalidad de la huelga en instituciones del Gobierno tras las emitidas para el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Vivienda, la Comisión Nacional de Emergencias, el Banco Central y la Junta de Protección Social.

La huelga de diversos sindicatos del sector público contra un proyecto de reforma tributaria que estudia el Congreso entró hoy en su décimo octavo día.

Tras un día de descanso representantes del Gobierno y de los sindicatos regresarán hoy a una mesa de diálogo en su séptima sesión con la mediación de la Iglesia católica, en busca de encontrar una salida a la huelga.

La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 % del PIB, busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 % del PIB para 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 % del PIB.

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