Gobierno niega que dilate la liquidación de autopistas por motivos políticos

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, negó hoy que el Gobierno español esté retrasando la liquidación de las autopistas en quiebra, por las que varios fondos de inversión reclaman unos 4.500 millones de euros y a los que invitó a recurrir a la justicia si creen que así defienden sus intereses.

"Niego tal afirmación, la de dilatar un proceso por motivos políticos", señaló De la Serna en rueda de prensa en Bruselas, en el marco de un Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea (UE).

Varios fondos de inversión de alto riesgo -entre los que están Goldman Sachs, Deutsche Bank King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital-, señalaron ayer en el diario económico "Financial Times" que están dispuestos a perseguir judicialmente al Ejecutivo español si no llegan a un acuerdo sobre la cantidad adeudada.

El Ejecutivo español ha cifrado en unos 2.000 millones de euros la cantidad adeudada, mientras que los acreedores entienden que ascendería a unos 4.500 millones.

Esa cantidad respondería al dinero que debe pagar el Gobierno a las empresas concesionarias de las autopistas, cuya deuda ha sido adquirida en su mayor parte por los citados fondos.

Esas entidades se plantean ahora demandar al Ejecutivo ante los tribunales nacionales e internacionales, según la información publicada por "Financial Times".

El titular español de Fomento agregó que "los fondos tienen ese derecho a recurrir a los tribunales si consideran que eso defiende sus intereses", y subrayó que la obligación del Ejecutivo es defender "los derechos de los españoles"

"Eso es lo que estamos haciendo, abordando un proceso de liquidación con una hoja de ruta que es totalmente transparente", agregó De la Serna.

El ministro explicó que el Gobierno está obligado a actuar de esa forma porque hay en curso "un proceso que aboca a esas autopistas a una situación en la que no pueden ser gestionadas por sus concesionarios", de forma que "se devuelven al titular del bien", es decir, al Ministerio de Fomento.

De la Serna añadió que el Ejecutivo está actualmente preparando los estudios de viabilidad y de tránsito, entre otros, de las autopistas en cuestión y que esperan poder licitar todas esas concesiones en 2018, aunque "está por definir" si será en un solo contrato o en varios.

Los fondos reclaman unos 4.500 millones de euros al Estado español, que debe liquidar su Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) antes de asumir el control de esas infraestructuras antes de licitarlas de nuevo y acusan al Ejecutivo de Mariano Rajoy de estar retrasando "a propósito" la negociación de un acuerdo, para evitar "el problema político de anunciar el pago y engrosar la deuda nacional".