Secretario dice que no anular carta de conformidad hubiera sido "muy grave"

El secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino, ha alegado hoy que si no se hubiera declarado nula la carta de conformidad, conocida jurídicamente como comfort letter, el reclamo de los acreedores bancarios de este documento habría conllevado "graves perjuicios" para el consistorio.

Con su dilatada experiencia de más de treinta años al frente de este servicio municipal, esta ha sido la postura mantenida por el secretario durante su declaración en la comisión creada por el Ayuntamiento de Valladolid para investigar los motivos que provocaron el fracaso de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en su tarea de soterrar las vías del tren en la ciudad.

En una jornada de declaraciones de casi cuatro horas, además del secretario general del consistorio, también han acudido a declarar de forma voluntaria los técnicos de urbanismo Irene Serrano y Javier Llorente, mientras que el interventor municipal, Rafael Salgado, no ha podido asistir por encontrarse convaleciente por un accidente reciente.

De esta forma, la declaración que más interés ha suscitado entre los grupos ha sido la de Merino, quien ha reiterado en varias ocasiones, como así lo hizo ante el juez que instruye este caso por la vía penal, que él no conocía "en ningún momento" la existencia de esta carta de conformidad, una aseveración que luego ha puesto en duda el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Martínez Bermejo.

Asimismo, el secretario ha subrayado que, en cuanto conoció la existencia de este documento, alertó de las "graves consecuencias" que tendría para el Ayuntamiento de Valladolid si la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, la encargada de realizar el soterramiento, entraba en concurso de acreedores, momento en el que "todas las entidades financieras hubieran ido a por el consistorio".

Finalmente, esta situación de quiebra de la sociedad se logró evitar, y se desechó así la tesitura de que el Ayuntamiento tuviera que abonar los casi 100 millones de euros de deuda que le correspondía por su accionariado, aunque hoy Merino ha reiterado que anular la carta de conformidad "siguió siendo una buena decisión" a pesar de no quebrar la sociedad.

Precisamente, sobre la investigación paralela que se está realizando de este asunto en el juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, Merino ha reconocido que llevar la causa de la carta de conformidad por la vía de lo penal, como así decidió el presente Equipo de Gobierno, igual no ha sido lo "más acertado", por ser "demasiado estricto".

Sobre la jornada de hoy, la presidenta de esta comisión, la portavoz del Grupo Sí Se Puede Valladolid, Charo Chávez, ha reconocido que para futuras sesiones se intentará convenir un límite para las comparecencias, debido a las "agotadores sesiones" que están aconteciendo, al mismo tiempo que ha fechado para el 14 de diciembre la próxima ronda de declaraciones.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha asegurado que con la declaración de los técnicos de hoy, se ha evidenciado que el actual equipo de Gobierno "luchó por el convenio del 2002" y para que se soterraran las vías del tren, una postura que también ha hecho suya la portavoz de Valladolid Toma La Palabra, María Sánchez.

Al mismo tiempo, Herrero ha recordado que con la firma del nuevo convenio, rubricado el pasado lunes 20 de noviembre, el Ayuntamiento no tendrá la potestad de acometer unánimemente, sin el consentimiento de los otros dos socios (Junta y Adif), un futuro soterramiento, por lo que ha pedido al grupo popular que deje de "engañar" a los ciudadanos "prometiendo un futuro cubrimiento".

Por el contrario, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Pilar Vicente, ha lamentado que el actual equipo de Gobierno, con Óscar Puente a la cabeza, pudo haber exigido a Adif el cumplimiento del convenio del soterramiento, algo que "no quiso hacer", ha dicho.

Estos mismos argumentos ha esgrimido el portavoz del Grupo Popular, quien ha acusado al Equipo de Gobierno de "abandonar" el proyecto de soterramiento al mismo tiempo que ha denunciado el "alto grado de desconocimiento" que existía sobre estos asuntos jurídicos por parte de la secretaría general del Ayuntamiento.

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