Castilla y León y Asturias dicen que cerrar plantas de carbón será devastador
Los presidentes de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, alertaron ayer tarde sobre las[…]
Los presidentes de Castilla y León y Asturias, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, respectivamente, alertaron ayer tarde sobre las "devastadoras" consecuencias que tendría el cierre por parte de Iberdrola de sus centrales de carbón de Velilla, en Palencia, y de Lada, en Asturias.
Tras reunirse en el Ministerio de Energía con el titular de este departamento, Álvaro Nadal, y el presidente de la compañía eléctrica, Ignacio Galán, coincidieron con el ministro en criticar la posición de Iberdrola, que no se compromete a vender esas dos centrales cuyo cierre ha solicitado.
Herrera reprochó a Iberdrola su "prepotencia" y que la compañía haya cambiado de posición "sin anticipación, ni suficiente justificación".
El titular del Ejecutivo de Castilla y León sostuvo que respeta la decisión empresarial de Iberdrola de apostar por una orientación "verde", pero esos argumentos, a su juicio, "no justifican por sí solos" decisiones empresariales "aisladas, individuales y que quieren marcar la política energética de España".
Además, advirtió de los "devastadores" efectos que tendrían estos cierres en las comarcas donde se ubican las plantas, al tiempo que pidió el respaldo de los partidos políticos al Real Decreto que quiere aprobar el Gobierno para ampliar las causas para denegar el cierre de instalaciones de generación eléctrica.
Por su parte, el asturiano Javier Fernández afirmó que el cierre de la central térmica de Lada supondría perder 100 empleos directos y más de un centenar de puestos indirectos en un territorio "muy golpeado por las sucesivas reconversiones energéticas".
Fernández incidió en la importancia de las térmicas de Lada y Velilla para la contención de los precios de la electricidad y también arguyó que, aunque entiende que una compañía esté en libertad de deshacerse de una central por razones de política energética, "es el Gobierno central el que tiene que plantear si es posible o no acudir a una subasta".
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