Síndic estudia si la subvención por pobreza energética vulnera derechos

El Síndic de Greuges de Cataluña ha iniciado una actuación de oficio para "analizar y valorar la efectividad" del Real decreto 897/217, aprobado el pasado 6 de octubre, que regula las subvenciones para consumidores susceptibles de sufrir pobreza energética, según han informado en un comunicado.

El objetivo de la investigación es determinar si se "vulneran los derechos de las personas", porque el proceso para gestionar el denominado bono social es "confuso y complejo", se tiene que entregar un "exceso" de documentación e implica aportar información sobre "aspectos singularmente delicados".

Las dificultades "se agravan" por el hecho de que los solicitantes son "personas vulnerables" y además implican a administraciones y empresas de diversos niveles y competencias.

Otro punto que el Síndic considera problemático es que el real decreto no menciona a las familias monoparentales, aunque "comparten una prevalencia de pobreza" similar a la de las familias numerosas, sí contempladas en la ley.

"Algunos de los supuestos que dan derecho al bono suponen aportar información sobre aspectos singularmente delicados", según el Síndic, como la condición de víctima de violencia machista o de terrorismo, y el defensor estudiará la confidencialidad y protección de estos datos.

Además, según el Síndic, los plazos tampoco benefician al consumidor, al tener que renovar el bono cada dos años.

El Síndic "ha comenzado a pedir información a algunas de las administraciones afectadas" y de momento, se dirigirá a la Agencia Catalana de Consumo y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

El bono social conlleva descuentos de entre el 25 % y el 40 % en la factura eléctrica, en función de la renta anual de unidad familiar, con atenuantes como miembros del hogar con discapacidad, víctimas de violencia de género o de terrorismo, familias numerosas, etc.

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