Audiencia Barcelona juzga desde mañana sobresueldos a cúpula CatalunyaCaixa

La Audiencia de Barcelona juzga desde mañana los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, un proceso en el que están acusados, entre otros, el expresidente de la entidad Narcís Serra y su exdirector general Adolf Todó, para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

En total, la sección octava de la Audiencia juzgará a un total de 41 miembros del consejo de administración por autorizar "desproporcionados" sueldos a la cúpula de la antigua caja de ahorros pese a la crítica situación que atravesaba la entidad.

La Fiscalía atribuye a un total de diecisiete personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, para los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 exdirectivos de CatalunyaCaixa pide dos años de prisión por un único delito de administración desleal.

El Ministerio Público solicita además que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un mínimo de 2,56 millones de euros.

En particular, la Fiscalía centra su atención en dos acuerdos tomados por el consejo de administración de esa entidad financiera, ahora en manos del BBVA: uno adoptado el 19 de enero de 2010, meses antes de que el FROB inyectara 1.250 millones en la caja, y otro posteriormente, el 13 de octubre de 2010.

En ambas reuniones se autorizaron subidas del sueldo fijo y el del variable a los exdirectivos Adolf Todó y Jaume Massana, fichados en 2008, que causaron un perjuicio de unos 1,45 millones, en el caso del primero, y de 1,11 millones, en el del segundo.

"Los acusados, sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla, (...) utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a aumentar su grave crisis financiera", argumenta el fiscal.

El expresidente de esta caja Narcís Serra acordó en 2008 la contratación de Adolf Todó como director general y Jaume Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas para el momento que atravesaba la entidad, argumenta el fiscal.

Adolf Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos totales de 4,07 millones entre los años 2008 y 2012, cifra a la que hay que sumar las aportaciones realizadas al plan de pensiones, que sumaron 1,99 millones.

Por su parte, Jaume Massana, nombrado director general de la entidad en 2011 y anteriormente director general adjunto, percibió en ese mismo período una retribución de 2,89 millones de euros y una aportación al plan de pensiones por importe de 633.000 euros, aunque no está acusado porque no formaba parte del consejo de administración de la entidad.

El exministro Narcís Serra, recuerda el fiscal, no sólo tenía un cargo representativo en CatalunyaCaixa, sino que presidía las comisiones y el consejo de administración y tenía "elevados emolumentos" en concepto de dietas.

A partir del año 2007 se estableció un salario para Serra como presidente no ejecutivo, a pesar de no ser preceptiva su fijación, y llegó a cobrar entre 2007 y 2010 más de un millón de euros en concepto de dietas y retribución.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene como investigado a Narcís Serra por el presunto perjuicio millonario causado a la entidad a través de operaciones inmobiliarias.

El juez mantiene abiertas las pesquisas por las promociones sospechosas en las que intervino la antigua caja en países como Polonia, y ve indicios de criminalidad también en la actuación de otros cuatro exdirectivos: Josep Maria Loza, Lluís Gasull, Eduardo Aznar y Joan Valls.

Por otra parte, ejercen acusaciones particular y popular en la causa de los sobresueldos el FROB, la Confederación Intersindical de Cajas y la CUP, que además de solicitar cuatro años de cárcel para Serra y Todó piden también tres años para unos 40 miembros del consejo.

Por su parte, la Confederación Intersindical de Cajas solicita seis años de cárcel para Todó por apropiación indebida agravada y otros cuatro por administración desleal, así como cuatro años para el resto de miembros del consejo.

Se han habilitado el jueves y el viernes de esta semana para cuestiones previas, y está previsto que las declaraciones de los acusados empiecen el 11 de octubre y que se alarguen hasta finales de noviembre, en un juicio en el que participarán también técnicos del Banco de España.

.