UGT denuncia solo 1 % mujeres rurales consta registro titularidad compartida

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, denunciado hoy en Córdoba que solo el uno por ciento de las mujeres rurales de España están inscritas en el registro de titularidad compartida, figura legal prevista en la ley 35/2011.

Castilla ha participado en las jornadas "El papel de las mujeres productoras y del medio rural en la futura PAC" que se celebran por el Día Mundial de la Mujer Rural hoy en la capital cordobesa y, en declaraciones a los medios ha lamentado que "de las 300.000 potenciales mujeres que podía compartir la titularidad de sus explotaciones, solo constan registradas poco más de 300".

En este sentido, Castilla ha pedido a "todos los partidos políticos" que "impulsen medidas para que se registren las mujeres" para así "poder tener acceso a los derechos que le corresponden como prestaciones por maternidad y jubilación" y que esta figura legan "no se sea un mero papel".

Y es que, la sindicalista ha manifestado que la presencia de mujeres en el medio rural es "clave" para frenar la despoblación e impulsar la viabilidad económica de su entorno pues "es una realidad el éxodo rural de la mujer joven, en busca de formación y mayor nivel educativo para desarrollar sus estudios universitarios".

Y ello porque el sector agroalimentario "ocupa un lugar estratégico en Andalucía" por su contribución a la capacidad productiva, al empleo y a la cohesión territorial de la región, ayudando a fijar la población al territorio ha indicado Castilla quien ha recordado que sólo en la comunidad autónoma, donde el campo representa el 80 por ciento del total, hay 1,8 millones de mujeres que "hacen un trabajo invisible".

Para visibilizar la presencia de la mujer y acabar con la brecha salarial que la sindicalista cifra en una tasa del 39 por ciento en el campo, Castilla ha insistido en la necesidad de que llevar a la práctica la mencionada figura legal de la titularidad compartida que se recogió inicialmente en el artículo 30 de la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

A su juicio, solo así se verán "plenamente reconocidos los derechos de las mujeres" en el sector agrario, su correspondiente protección de la Seguridad Social, así como la valoración de su trabajo.

Esto implicaría "un reparto del rendimiento al cien por cien" pues tanto el hombre como la mujer serían considerados "titulares" de su explotación y así, "beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explotación", como puede ser la PAC y la cotización en la Seguridad Social por parte de ambos miembros.

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