El TSJIB decidirá sobre la suspensión del rescate del túnel de Sóller
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares deberá decidir sobre la suspensión del rescate del túnel de Sóller, porque el[…]
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares deberá decidir sobre la suspensión del rescate del túnel de Sóller, porque el Consell de Mallorca ha anunciado que recurrirá en apelación el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma que ha confirmado esa cancelación cautelar.
"No renunciaremos a la demanda ciudadana ni a la decisión política", ha asegurado después de que el juzgado haya confirmado la suspensión cautelar la consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, quien ha anunciado que el Consell de Mallorca presentará recurso de apelación, ha informado la institución insular en un comunicado.
Garrido considera que con la decisión judicial "quienes pierden son los mallorquines porque el 1 de septiembre el túnel de Sóller no será gratuito, y quien gana es la empresa, en contra del beneficio de la ciudadanía".
La conseller considera que el auto que confirma la suspensión acordada la semana pasada "crea indefensión al Consell de Mallorca ya que no responde a nada de lo que se le plantea desde la institución insular".
El recurso ante el TSJIB se basará en la incongruencia del auto "que resuelve en solo seis líneas un tema tan importante, y se basa en las falacias planteadas por la empresa".
El pleno del Consell de Mallorca acordó el pasado 2 de agosto rescatar la concesión de la gestión del túnel por 17,4 millones de euros.
Garrido ha negado que con el rescate la extinción de la empresa sea inmediata como ha alegado la concesionaria y se recoge en el auto.
"No nos quedaremos sin hacer nada. Lucharemos. Presentaremos recurso y esperamos que el TSJIB resuelva lo antes posible", ha insistido.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma comunicó el viernes pasado al Consell de Mallorca la medida cautelar de suspensión del acto administrativo del rescate del túnel.
El martes, la institución insular presentó el expediente administrativo y respondió a la demanda de cautelarísimas alegando que el posible perjuicio económico a la concesionaria queda cubierto con los 17,4 millones de euros asignados al rescate.
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