Firmado convenio para que autopista Cartagena-Vera sea gestionada por Estado
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Sociedad[…]
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), que gestionará a partir de enero de 2018 las nueve autopistas de peaje en quiebra, entre ellas la Cartagena-Vera, hasta que sean adjudicadas de nuevo.
Una vez que el juez apruebe su plan de liquidación, la empresa estatal explotará esas infraestructuras, con un coste conjunto estimado de 3.500 millones de euros, en ocho contratos de concesión que afectan a nueve autopistas (hay uno que incluye dos). Seittsa también se encargará de preparar la licitación de los contratos por los que se adjudicarán de nuevo estas vías.
La sociedad pública asumirá la explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras a partir de que los juzgados aprueben los planes de liquidación, lo que, fuentes del Ministerio, prevén que tendrá lugar dentro del primer cuatrimestre de 2018, para que en el segundo se saquen a licitación y en el último de ese año se adjudiquen.
En concreto, el convenio estima que Seittsa comenzará a explotar, conservar y mantener la autopista Cartagena-Vera el 15 de enero de 2018 con las mismas exigencias que figuran en los contratos de concesión actuales.
La autopista Cartagena-Vera tiene una longitud de 112,6 kilómetros y una intensidad media diaria de 1.986 vehículos, que abonaban en 2016 una tarifa base de 10,86 céntimos de euro por kilómetro.
Asimismo, los ingresos de explotación del área de servicio en ese año fueron de 1,03 euros por vehículo, mientras que el consumo de mercaderías fue de 0,75 euros por vehículo.
Los gastos de personal y de explotación ascendieron a unos 64.100 euros por kilómetro.500 euros y por kilómetro a lo largo del año pasado, mientras que el coste de reposición de la autopista alcanzó los 10,1 millones de euros.
La intención del Ministerio de Fomento es que dentro del mismo año en que estas vías reviertan al Estado se puedan adjudicar, a fin de que su impacto en el déficit público sea el menor posible, al poder computar el ingreso que obtenga por su adjudicación en el mismo ejercicio.
Fomento prevé que la cantidad obtenida con la relicitación de las autopistas permita aminorar el gasto que tendrá que asumir por responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), que este departamento estima que estará por debajo de los más de 3.600 millones que calculó el Tribunal de Cuentas.
A la RPA, el Estado deberá sumar los 550 millones de euros por los préstamos participativos que se dieron para construir estas vías y que, tras la liquidación, serán incobrables.
Las nueve autopistas que revertirán al Estado y que serán explotadas por Seittsa son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
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