Govern abre expediente por el alquiler piso de Ibiza tras denuncia anónima

El Govern, a través de la dirección general de Arquitectura y Vivienda, ha abierto un expediente sancionador por el alquiler turístico de un piso VPO -vivienda de protección oficial- tras una denuncia anónima presentada a través de internet al Consell de Ibiza.

En un comunicado, esta dirección general concreta que, según la legislación vigente, el responsable del alquiler se enfrenta a sanciones de hasta 3.000 euros cada vez que el piso haya sido alquilado a turistas.

Las sanciones se pueden imponerse por parte de la dirección general de Arquitectura y Vivienda y también por parte del Consell Insular de Ibiza.

Es decir, no son incompatibles ya que tienen un carácter diferenciado y motivos bien delimitados: en el primer caso, la penalización sería por alquilar una vivienda pública y, en el segundo, por el arrendamiento a turistas.

Este alquiler turístico fue descubierto por el Consell Insular de Ibiza después de que un denunciante anónimo expusiera el caso a través del correo de inspección turística de la institución, por lo que abrió diligencias y remitió el expediente a la dirección general de Arquitectura del Govern a finales del pasado mes de julio.

El expediente sancionador se ha abierto con la información facilitada por el Consell, que señala que la vivienda protegida se comercializaba a través del portal de internet Airbnb, ofreciendo diversos servicios complementarios.

De acuerdo con la información que consta en el expediente, la persona responsable alquiló la vivienda en numerosas ocasiones.

Por otra parte, la dirección general de Arquitectura y Vivienda sigue con la campaña iniciada este verano en colaboración con los inspectores del Ayuntamiento de Ibiza con el objetivo de detectar prácticas de alquileres irregulares en viviendas protegidas.

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