BOE publica corrección financiera agraria a Castilla y León por 10 millones
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de hoy una corrección financiera a Castilla y León en[…]
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de hoy una corrección financiera a Castilla y León en la que se reclaman 10,07 millones de euros, más los intereses de deuda.
También se publican otras cuatro correcciones financieras agrarias a la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Murcia por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea.
La corrección más abultada es para Castilla y León a la que se le pide la devolución de 10,07 millones de euros, más intereses de deuda generados.
Según dicha Resolución, en Castilla y León se han detectado deficiencias en el alcance de los controles en materia de Protección de aguas subterráneas o tratamiento incorrecto de las infracciones cometidas en identificación y registro de especies de bovinos y ovinos/caprinos.
En Andalucía, la deuda contraída es de 8,3 millones de euros, de los que 6,95 se le reclaman a la autonomía y los 1,35 restantes a la Administración General del Estado (AGE)
En el caso andaluz, se han encontrado "deficiencias" en ayudas al desarrollo rural y en la liquidación de las cuentas de 2012 mientras que la partida de 1,35 millones pedida a la AGE se debe al abono de ayudas a beneficiarios no productores de azúcar.
Cataluña ha contraído, por su parte, una deuda de 2,19 millones de euros, si bien ya ha sido extinguida al haberse abonado el importe.
La deuda de la Comunidad Valenciana asciende a 4,36 millones de euros aunque también ha sido extinguida porque ya ha sido abonada.
La Región de Murcia tiene que hacer frente a una corrección de 282.039 euros, más intereses de deuda generados, y parte de dicha deuda se debe a "debilidades encontradas" en áreas como el régimen de pago único de la campaña 2013 donde se detectaron "pagos a beneficiarios que no figuraban como titulares de derechos".
Contra todos estos acuerdos, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo.
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