Opositora al canal de Nicaragua afirma que la obra viola la soberanía

Francisca Ramírez, dirigente del movimiento campesino "anticanal" en Nicaragua, afirmó que están en contra de la ley que otorgó la concesión centenaria a la firma china HKND Group porque violenta sus derechos y la soberanía.

Ramírez, quien se ha convertido en el icono del movimiento campesino que rechaza el proyecto de canal por Nicaragua, sostuvo en una entrevista con Efe que no fueron consultados por nadie, menos por las autoridades que entregaron la concesión y aprobaron la Ley, pese a que sus tierras se verán afectadas.

¿Por qué el movimiento campesino se opone al canal?, preguntó Efe a esta recia mujer de baja estatura, de rasgos indígenas y con la piel tostada por el sol: "Porque nosotros los campesinos sin tierra, no seríamos campesinos", argumentó.

"Y también porque no fuimos consultados. Una Ley que hicieron a espaldas del pueblo. Es una Ley que es para quitarnos nuestras tierras", continuó la dirigente del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

La campesina se refiere a la Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüenses, o Ley 840, que incluye el proceso de expropiación de tierras para la construcción de la vía interoceánica.

"No creemos en (los) proyectos, porque vemos una Ley muy oscura. Un interés detrás de nuestras tierras, que son muy productivas. Esa es nuestra posición. ¡Qué nosotros vivimos de la tierra y la tierra la amamos como si fuera nuestra madre!", exclamó.

Consideró que cuatro años después de que el Gobierno de Daniel Ortega otorgara la concesión a HKND Group, el proyecto no ha avanzado "por nuestra resistencia" activa y pacífica, que suman más de 90 manifestaciones.

"Pero estamos bien claro que la Ley 840 existe y sigue siendo una amenaza para nosotros", valoró.

A su juicio, la ley le otorga mucha discrecionalidad a la firma china hasta el punto de que puede vender la concesión o los proyectos para la construcción, entre otros, de dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos.

Ramírez dijo que han agotado la vía legal en Nicaragua y han elevado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "porque el Estado nos obligó a ir a las instancias internacionales".

Mientras libran su batalla legal en el plano internacional, los campesinos continuarán manifestándose "cívica y pacíficamente, pero levantando nuestra voz de que estamos en contra de ese proyecto, porque viola los derechos humanos", puntualizó.

La dirigente dijo que la ley una amenaza para las tierras de los campesinos.

"Nos estarían quitando la vida a nosotros, porque sentimos que, como campesinos, sin la tierra no vivimos. No sabemos (hacer) más que eso (trabajar la tierra)", agregó.

Aseguró que nos les interesa el dinero que les puedan ofrecer por sus propiedades y que el movimiento campesino "anticanal" está dispuesto "a morir, si es necesario, por nuestras tierras".

Amnistía Internacional (AI) inició este jueves en Managua una campaña global contra el proyecto de construir un canal interoceánico en Nicaragua, con el fin de exigir la derogación de la ley que otorgó la concesión a HKND Group.

Según el diseño más reciente, el proyecto consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho.

El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, cuyo inicio estaba previsto en el primer semestre de 2017.

El costo del proyecto está calculado en 50.000 millones de dólares, de acuerdo a HKND Group.

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