AI promoverá campaña global contra el proyecto del Gran Canal de Nicaragua

Amnistía Internacional (AI) anunció hoy en Managua que promoverá una campaña global contra el proyecto de construir un canal interoceánico en Nicaragua, con el fin de exigir la derogación de la Ley que otorgó una concesión centenaria a la firma china HKND Group.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, dijo en una rueda de prensa que esa campaña la han iniciado este jueves en Managua con la presentación de un informe sobre el impacto del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en un gran número de comunidades.

"Peligro: Derechos de venta. El proyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua y la erosión de los derechos humanos", revela "cómo el oscuro marco jurídico" que condujo a la concesión del proyecto, sin una consulta genuina con las comunidades afectadas, viola normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y podría conducir al desalojo de cientos de familias, señaló la activista.

Según estudios de organizaciones cívicas, en la ruta anunciada del canal al menos 24.100 hogares (119.200 personas) podrían resultar afectados.

Guevara-Rosas indicó que en la campaña global exigirán que se respeten los derechos de los campesinos y de las comunidades indígenas donde está previsto pase el canal de Nicaragua.

"Qué el presidente (Daniel) Ortega escuche por primera vez a las comunidades que, con resistencia pacífica, están demandando el respeto a sus derechos humanos, de la tierra, y de los recursos naturales", abogó.

La directora para las Américas de AI anotó que promoverán la derogación de la legislación nacional del proyecto del Gran Canal, incluidos el acuerdo de concesión y otros convenios relacionados con el proyecto.

Asimismo, lamentó que el Gobierno de Ortega no haya respondido una solicitud de audiencia para presentarle el informe revelado en Managua.

La dirigente del movimiento campesino que se opone al canal, Francisca Ramírez, agradeció a AI por elevar la denuncia de miles de campesinos al plano internacional.

"Vamos a hacer una nueva marcha el 15 de agosto, porque no vamos a callar nuestra voz", anunció Ramírez en la rueda de prensa.

"Aunque tengamos que morir si es necesario por nuestras tierras, por nuestro patrimonio, por el futuro de nuestros hijos, lo vamos a hacer. No nos vamos a cansar y no nos vamos a rendir hasta seguir adelante", continuó.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, calificó el informe como uno "de los más contundentes, serios y profesionales" sobre el impacto del Gran Canal.

"Es una radiografía de la realidad de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en materia de violación de derechos humanos", dijo Núñez a Efe.

El Gobierno de Ortega otorgó a la firma china HKND Group la concesión para el canal por un período de 50 años, prorrogables por otros 50.

Según el diseño más reciente, el proyecto consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.

El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, que estaban previstas para iniciar en el primer semestre de 2017, tras sucesivos retrasos por diversos motivos.

El costo del proyecto está calculado en 50.000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group.

Nicaragua espera que su construcción abra 50.000 plazas de empleo y duplique el producto interno bruto (PIB) nacional.