Inspección Trabajo requiere a las empresas a realizar contratos indefinidos

Inspección de Trabajo de la Generalitat envió el pasado verano unas 9.000 comunicaciones a empresas con 14.000 trabajadores con contratos temporales que podían ser convertidos en indefinidos y consiguió que 3.700 de ellos pasaran a ser fijos.

El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Ginesta, ha puesto hoy esta iniciativa como ejemplo del trabajo que está llevando a cabo la Generalitat para luchar contra la precariedad del empleo.

En un comunicado, el departamento de Trabajo ha destacado que, además, se consiguió que cerca de mil personas que tenían un contrato a tiempo parcial pasaran a tenerlo a tiempo completo.

"Es un toque de atención a las empresas para dar de alta a la Seguridad Social a trabajadores que deben tener un contrato indefinido", ha explicado Ginesta, durante la valoración a los medios de comunicación de los últimos datos de la EPA (Encuesta de Población Activa).

El responsable de las políticas activas de la Generalitat se ha congratulado de los resultados del tercer trimestre de la EPA, aunque ha destacado que el reto ahora es "la calidad y la estabilidad del mercado de trabajo y del empleo con retribuciones dignas".

El número de desempleados se redujo en Cataluña en 28.300 personas en el tercer trimestre del año, hasta situar la cifra total en 403.700, lo que la convierte en la comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro en ese período y deja la tasa de paro en un 10,6 %.

Por parte de los sindicatos, CCOO ha subrayado en un comunicado que la mercado de trabajo es "insuficiente, poco sólida y precaria" con una elevada temporalidad y jornadas a tiempo parcial, pese a la evolución positiva del empleo.

La principal patronal catalana, Foment del Treball, ha valorado también positivamente la reducción del paro, aunque ha advertido que la ralentización del crecimiento del empleo obligaría a ser cautos en cuanto a la adopción de medidas de "contrarreforma" laboral.

En un comunicado, ha alertado de "los perjuicios que supondría para la contratación la adopción de las medidas propuestas por el Gobierno para contrarreformar algunos mecanismos flexibilizadores introducidos por la última Reforma Laboral".

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