España ha ahorrado más en recibo luz de lo que pagará en multas, según Nadal

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dicho hoy que el conjunto de lo que España tendrá que pagar por arbitrajes desfavorables en litigios por el cambio en la retribución o primas a las renovables es una "cantidad pequeña" respecto a lo que se han ahorrado los españoles en el recibo de la luz.

En un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Nadal ha recordado que el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones (Ciadi), que multó a España con 128 millones de euros, sólo da parcialmente la razón al fondo inversor que demandó.

Ha señalado que hasta entonces todas las resoluciones habían sido favorables a España, así como las del Tribunal Constitucional y las del Tribunal Supremo, y ha criticado a esos inversores internacionales que "casi ponen en duda que España sea un estado de Derecho".

Nadal ha dicho que el Gobierno ha acudido a una segunda instancia, pues ve "una serie de carencias" en el laudo del Ciadi y ha defendido la reforma energética que hizo el Gobierno en 2013, ya que, además de abaratar la factura eléctrica, ha conseguido que el sistema sea homogéneo, no como ocurría antes en que había una gran dispersión de reglas para los diferentes tipos de instalaciones renovables.

Nadal ha recordado que tener seguridad jurídica no significa no tener riesgo de ningún tipo en una inversión, pues ya el Tribunal Supremo dijo que "no hay mercado sin riesgo", y se ha preguntado si los fondos de inversión internacionales que financiaban las inversiones en renovables "no se daban cuenta de que había una burbuja en España".

Ha señalado que él mismo mantuvo reuniones con el ministro socialista de Industria Miguel Sebastián para abordar el elevado déficit de tarifa en España y que todo el mundo sabía que una de las primeras medidas que adoptaría el PP al llegar al Gobierno era una reforma energética para atajarlo.

Por eso, considera que esos inversores no pueden venir ahora a "hacerse la víctima" y decir que les habían hecho una regulación "a traición".

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado la prohibición del autoconsumo en comunidades de vecinos que estableció el Ejecutivo en un real decreto, ha señalado que esa instancia judicial en lo que da la razón a la Generalitat de Cataluña es en que ella es la administración competente para regular esta cuestión.

No obstante, ha recordado que esa regulación tendrá que respetar los límites que la misma resolución impone y que consiste en que esas agrupaciones de consumidores no pueden pagar menos al sistema "como consecuencia de agruparse", que esa norma no puede ir contra el equilibrio económico del sistema ni que esos consumidores consigan un ahorro a costa de que otros paguen más.