CyL confía en ganar recurso por ayudas pastos que puede tardar más de un año

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, ha confiado hoy en "ganar el recurso" y no tener que pagar la multa de 58 millones impuesta por la UE, que ha suspendido cautelarmente el Tribunal Supremo, aunque habrá que esperar a la sentencia definitiva, que puede tardar más de un año.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también portavoz de la Junta de Castilla y León se ha referido al fallo del Supremo de suspender cautelarmente la multa de 58 millones de euros que, procedente de la Unión Europea, el Gobierno repercutió a Castilla y León por incumplimientos en la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) a la hora de pagar ayudas a ganaderos.

Al menos este año Castilla y León no tendrá que pagar la multa, que también se ha impuesto a otras autonomías, lo que para Marcos indica que no estaban tan claros los criterios que había que aplicar, ya que no sólo ha afectado a la Comunidad.

La resolución del Supremo suspende en la práctica el acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017 que aprobó la repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea a varias autonomías españolas, entre ellas Castilla y León, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad.

La resolución de la Sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo referida a Castilla y León llega un día después de que el mismo tribunal acordara lo mismo para Extremadura -79,7 millones-, Galicia -7,7 millones- y La Rioja -4 millones-.

El Supremo adopta la medida cautelar pese a la oposición del abogado del Estado, que, sin embargo, había mostrado su aquiescencia a la suspensión cautelar de las multas impuestas a otras comunidades como Extremadura, La Rioja y Galicia, derivadas de la misma decisión de la UE.

Castilla y León arguyó que la denegación de la medida cautelar ocasionaría una perturbación grave a los intereses generales perdiéndose la finalidad legítima del recurso porque la ejecución inmediata del Acuerdo produciría perjuicios irreparables a miles de agricultores y ganaderos que tienen pendientes de recibir las liquidaciones de las ayudas directas de la PAC correspondientes a la solicitud de 2016.

También señaló que la devolución de la suma reclamada, solo en la parte a devolver en 2017, ocasionaría graves dificultades para atender obligaciones esenciales competencia de la administración de la Comunidad que afectaría a servicios sociales básicos.EFE

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