Hispasat, la china en el zapato de la OPA de Atlantia sobre Abertis

Al margen del hecho de que los accionistas del grupo español Abertis reclamen un mayor precio, la opa de la italiana Atlantia plantea una importante dificultad en una de sus filiales, Hispasat. El operador de los satélites está participado en más de un 90% por Abertis, después de que el pasado viernes comprara el 33% que poseía la francesa Eutelsat. La compañía catalana entró en 2008 en dicha sociedad de satélites, al adquirir un 28,4% de manos de un grupo de inversores privados (Ensafeca Holding Empresarial y BBVA), porcentaje que fue elevando hasta obtener en 2013 la mayoría del capital, tras comprar la porción correspondiente al Ministerio de Defensa.

Un día después de que la firma transalpina confirmara su intención de hacerse con el control de Abertis, el ministro de Economía, Luis de Guindos, recalcó que Hispasat es un «activo estratégico» para España y que el Ejecutivo «tomará la mejor decisión teniendo en consideración el interés general», ya que cualquier cambio de control requiere una «autorización previa del Gobierno».

Es decir, la Administración puede irrumpir en la negociación entre dos sociedades privadas y bloquear la transferencia de Hispasat. ¿Qué es lo que la convierte en una pieza vital para la Administración española? Una sociedad llamada Hisdesat es la clave. De ella depende la «cobertura de las telecomunicaciones del Gobierno», explican fuentes del Ministerio de Defensa, quienes recuerdan que la compañía que preside Elena Pisonero dispone de un 43% del capital de dicha filial.

Hispasat, por tanto, es el principal accionista del operador nacional de satélite, por delante de INSA, del Ministerio de Defensa (con un 30Þl capital), el consorcio aeroespacial europeo EADS (15%), Indra (7%) y la ingeniera española Sener (5%). De este modo, el cambio de control en el mayor accionista de Hispasat supone un viraje en el control de una compañía central para los servicios de inteligencia y las comunicaciones «tanto en el ámbito militar como el gubernamental», explican desde el departamento que dirige María Dolores de Cospedal.

Para garantizar la gestión de ambos activos el Ejecutivo español, en el Consejo de Ministros que en 1997 otorgó a Hispasat la concesión del servicio, estableció que «las acciones de la compañía serán nominativas y todos los actos y negocios jurídicos que impliquen su enajenación, gravamen o alteración en la composición accionarial, deberán ser autorizados» por el Gobierno. He ahí la potestad del Ejecutivo para frenar cualquier movimiento contrario a los intereses públicos españoles a la que hizo referencia el ministro de Economía.

Pero hay más. Aparte de la posibilidad de veto del Consejo de Ministros los estatutos sociales de Hispasat incluyen un derecho de adquisición preferente por el que los accionistas que lo ejerciten pueden «adquirir las acciones en las mismas condiciones que las ofrecidas por un tercero», lo que permitiría a los actuales accionistas, entre ellos la SEPI, con un 7,41%, la posibilidad de tener la última palabra en un hipotético caso de venta de las acciones.

Lea el resto de la noticia en abc.es