La juez reitera que la Intervención analice el concurso de Aznalcóllar

La juez que investiga la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha reiterado su petición para la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) analice el procedimiento seguido por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación minera.

En un auto con fecha 11 de mayo, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, accede a esta petición, presentada por una de las acusaciones particulares, después de que, en marzo pasado, el organismo estatal rechazara hacer ese análisis porque desbordaba sus funciones y competencias.

En este caso, la juez investiga el concurso público resuelto por la Junta de Andalucía el 25 de febrero de 2015 en favor de la entidad Minorbis-Grupo México, lo que denunció la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources.

En el nuevo auto, la juez insiste en su solicitud de auxilio judicial a la IGAE para que analice "todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas".

En concreto, le pide un análisis de la documentación administrativa y económica financiera del procedimiento seguido por la Junta de Andalucía para adjudicar las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en Aználcollar.

También le solicita que analice y estudie la "adecuación de los actos producidos en dicho procedimiento a los principios establecidos en la ley de contratos del sector público".

Además, la juez solicita a la IGAE que se pronuncie sobre si se cumplieron "las obligaciones de control interno y auditoría de la actividad económico administrativa del sector público" por parte de la Mesa del Concurso, en la participaba el interventor delegado de la Junta de Andalucía, y la Comisión Técnica de dicha mesa.

La juez pretende conocer si hubo "validez y cumplimiento" de los requisitos de la solicitud para participar en el concurso de la entidad Minorbis Grupo México y, específicamente, de los documentos de compromiso aportados sucesivamente.

La instructora insta a la IAGE que se pronuncie por si existió una "adecuada acreditación de la solvencia económico financiera de la empresa participante en dicho concurso, Minorbis Grupo México, y adecuada valoración de los apartados correspondientes a la viabilidad económica financiera de su proyecto".

En su nueva petición a la Intervención, la juez quiere que aborden la resolución de 13 de enero del 2014, de la dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de la mina.

La juez explica que hace esta nueva petición a la IGAE dentro de las atribuciones para "el auxilio y colaboración con la Administración de Justicia en aquellos procedimientos relativos a delitos relacionados con las funciones y competencias del ordenamiento jurídico le atribuya".

En su resolución, la juez también señala que la Junta concede "plena validez" a la aceptación de la adjudicación por parte de Minera Los Frailes, y precisa que la directora que suscribe ese informe no es competente para "determinar qué cuestiones son ajenas o no, y guardan o no relación, con el procedimiento penal que nos ocupa".

En el mismo auto, la juez rechaza imputar a más personas en esta causa y tampoco a la actual directora general de Industria, Energía y Minas, como pide una acusación particular.

La juez explica que, para ampliar los posibles delitos y personas investigadas, está a la espera de la información que le remita la Guardia Civil, y señala que si ese proceso se prolonga, le deben dar cuenta quincenalmente de los extremos que puedan ser relevantes para la investigación.

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