Vocal CGPJ dice es necesario nuevo Estatuto de los Trabajadores

El vocal del CGPJ y magistrado de la sala de lo social del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya ha[…]

El vocal del CGPJ y magistrado de la sala de lo social del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya ha dicho hoy en una conferencia organizada por el colegio de graduados sociales que se precisa un nuevo Estatuto de los Trabajadores ya que desde 1980 ha sufrido 50 reformas y exige adecuarse a las nuevas políticas económicas españolas y de la UE.

Martínez Moya, antes de intervenir en la conferencia junto al magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Sempere, -quién declinó comparecer ante los medios de comunicación- apuntó que hoy en día existen muchas tipologías de contratos temporales y ello requerirá "reflexionar mucho" teniendo en cuenta la necesidad de fijar criterios de estabilidad.

A su juicio, los tribunales laborales, a la hora de interpretar la norma, deben generar expectativas de estabilidad en sus decisiones para asegurar así una mayor estabilidad económica y de inversiones.

Por otra parte, el magistrado ha dado a conocer datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha previsto para este año que en España los 360 juzgados de lo social reciban 400.200 asuntos, resuelvan 384.000, dicten 210.000 sentencias y queden pendientes 300.000.

Señaló que Murcia es la 4ª autonomía con mayor litigiosidad en general, no sólo en el tema de lo social, con 35 asuntos por cada mil habitantes, cuando la media nacional apenas supera los 30.

En materia laboral el número de asuntos pendientes en los 12 juzgados de lo social es de 7.500. En el segundo semestre de 2018 se han resuelto más que han entrada, y la media ha sido hasta junio de 2018 de 2.500 asuntos, resolviéndose 2.900.

Estas cifras, para este magistrado, resultan elevadas, y suponen una fuerte judicialización del conflicto laboral.

Por otra parte, y preguntado por el fallo sobre el impuesto de las hipotecas que hoy dará a conocer el Tribunal Supremo, respondió que estaba convencido que la respuesta dará seguridad jurídica y estabilidad en las expectativas de conducta de la ciudadanía.

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