Castilla y León se persona en el caso eólicas por daño a su honor e imagen

La Junta de Castilla y León ha acordado hoy personarse en la causa judicial abierta por las supuestas irregularidades en autorizaciones de parques eólicos porque considera dañado su "honor" y la información publicada puede provocar una "pérdida de confianza" de los ciudadanos.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "la más perjudicada por lo que sale en los medios de comunicación" sobre esta investigación "es la Junta" y esa es la razón por la que se ha ordenado a los servicios jurídicos la personación en la causa.

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra 21 personas, una de ellas el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, a quienes atribuye la supuesta comisión de delitos continuados de prevaricación, cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, según el documento al que ha accedido EFE.

De Santiago-Juárez ha apuntado que para una "empresa como la Junta" resulta "fundamental" preservar la confianza que puedan tener en ella los ciudadanos, a lo que ha añadido que las informaciones sobre estos supuestos hechos "repercuten negativamente en el gobierno".

El también consejero de la Presidencia ha remarcado que su crítica no es hacia la publicación de la información por parte de los medios de comunicación, sino hacia "quien lo filtra", porque ha considerado que "no es sensato ni muy adecuado que la parte interesada no conozca el documento".

"No hay dinero público afectado", ha añadido en la misma rueda de prensa la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, quien ha llegado a denunciar una "indefensión absoluta" porque la Junta carece de la querella presentada por la Fiscalía, a la que pidió el pasado martes que le enviara el documento para conocer los hechos que investiga y "poder explicar donde se deba" la actuación de la Administración autonómica en estos procedimientos.

La portavoz ha condicionado la comparecencia ante las Cortes del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, -como pide la oposición en pleno- y de los propios consejeros, a que dispongan de la querella de la Fiscalía.

Marcos ha reconocido que se trata de "temas muy graves", aunque se ha referido únicamente a la figura de Rafael Delgado como cargo vinculado a la Administración autonómica, por lo que ha negado que exista una "trama administrativa": "no se trata de dinero de la Junta, es entre particulares", ha resumido sobre el supuesto pago de hasta 80 millones de euros en comisiones estimado por la Fiscalía.

La portavoz ha demandado que la Justicia resuelva este caso de la forma "más ágil y rápida posible", aunque ha insistido en que la tramitación administrativa de las autorizaciones de los parques eólicos "fue impecable" y está "avalada" por el análisis realizado por los técnicos de la propia Junta.

Preguntada por si la Junta detectó la ilegalidad que apunta la Fiscalía cuando se cambió mediante una instrucción quién era el competente para resolver las autorizaciones de los parques eólicos -pasaron de ser las Delegaciones Territoriales al viceconsejero querellado-, Marcos se ha remitido al desconocimiento del escrito de la Fiscalía para no contestar a esta cuestión.

"No hay nada que ocultar", ha insistido la portavoz, quien ha catalogado de "coincidencias" el hecho de que al menos dos de los querellados en esta causa de las eólicas -Rafael Delgado y Alberto Esgueva- estén también entre los investigados por las supuestas irregularidades detectadas en la compraventa del edificio administrativo de Arroyo de la Encomienda y los terrenos del fallido polígono industrial de Portillo.

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