Comptos aprecia incumplimiento legal en planta biometanización de Ultzama

La Cámara de Comptos considera que el Ayuntamiento de Ultzama "no ha cumplido el principio de legalidad" en la planta de biometanización, situada en Iraizotz, una infraestructura, actualmente abandonada, en la que se han gastado mas de 3 millones de dinero público.

El órgano fiscalizador se muestra crítico con la actuación del Consistorio que hace diez años comenzó la promoción de la planta para resolver la gestión de purines de las explotaciones ganaderas.

Al año siguiente consiguió ayudas del Gobierno foral para la inversión industrial y la mejora de las infraestructuras ganaderas, por unos 2,5 millones, según el informe que precisa que la empresa pública Nafinco, Sodena en la actualidad, avaló 900.000 euros.

En octubre de 2008, el Ayuntamiento adjudicó el contrato para la concesión y gestión de la planta a la empresa Levenger, SL por 30 años y a los dos meses, una sociedad cooperativa ganadera constituyó con la empresa adjudicataria, empresas de la zona, la empresa redactora de los proyectos y varios particulares la mercantil Bioenergía Ultzama. La adjudicataria y esta última pidieron al ayuntamiento que le cediera la concesión a dicha mercantil, contrato firmado en febrero de 2009.

En abril de 2014 la empresa solicitó la declaración de concurso de acreedores y el ayuntamiento acordó intervenir la planta para asegurar la prestación del servicio y en enero de 2016 cesó la actividad de la planta.

El gasto en la planta suma 4,5 millones, financiados mayoritariamente con dinero público, según Comptos que opina que el Ayuntamiento "no ha cumplido el principio de legalidad" y en este sentido señala que las contrataciones del anteproyecto, proyecto y dirección de obra se realizaron después de haberse hecho dichos trabajos.

De esa manera, según el órgano fiscalizador, se quiso dar cobertura formal a una actuación irregular que no respetó los principios básicos de la contratación pública: publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación.

Añade que tampoco se cumplió la legalidad en la contratación y posterior cesión del contrato, ni en las subcontrataciones realizadas, así como que se han detectado pagos duplicados por parte de Bioenergía Ultzama, que abonó cerca de un millón de euros a dos proveedores diferentes por el mismo concepto: los depósitos de digestato.

El informe avala la actuación de la Administración Foral en la concesión de avales, autorizaciones e imposición de sanciones medioambientales, aunque apunta la posible "sobrefinanciación pública", ya que una parte de la inversión recibió ayudas tanto de Industria como de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Del análisis de las cuentas de la empresa se desprende que los ingresos fueron inferiores a los previstos, al igual que la producción de electricidad, que también fue inferior a la calculada y lo mismo sucedió con el vapor.

Los precios de facturación a los ganaderos no alcanzaron siquiera el coste de transporte de purines y digestato, según el informe que concluye que tras invertir más de tres millones de dinero público la infraestructura funcionó tres años y siete meses de forma autónoma y 14 meses bajo secuestro del ayuntamiento y ahora queda una planta abandonada y una sociedad en concurso de acreedores.

El problema no se ha resuelto, puesto que 24 explotaciones ganaderas de la zona, con 3.659 cabezas de ganado, siguen demandando un sistema de gestión de residuos.

La Cámara de Comptos concluye que en este tipo de proyectos de interés general es fundamental que se cumpla la legalidad y que exista una adecuada planificación, ejecución y gestión, lo que exige planes de viabilidad y proyectos adecuados, un seguimiento y control de las adjudicaciones y obras por parte de las administraciones.EFE

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