ARAG-ASAJA: la Comisión dice que liberar el viñedo es una decisión política

ARAG-ASAJA ha afirmado hoy que "la Comisión Europea manifiesta que la liberalización del viñedo prevista para 2030 es una decisión política y, como tal, podría cambiarse si así lo decide el Consejo y el Parlamento, ya que es un tema sujeto a codecisión".

Así lo ha indicado, en una nota, ARAG-ASAJA, después de que su presidente, Javier Rubio, y varios miembros de esta organización riojana se reunieran en Bruselas con la directora general de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez, y funcionarios de este departamento.

Los responsables de ARAG-ASAJA habían solicitado esta reunión para pedir a la Comisión Europea una alternativa a la desaparición del control del potencial vitícola que en la actualidad tiene la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja y que podría producirse si se lleva a cabo la liberalización prevista en la última reforma de la OCM del Vino.

Rubio ha expuesto las características de la DOCa Rioja, basada en el modelo europeo de Denominaciones de Origen arraigadas a la tierra y a un sistema de calidad y de control de los más rigurosos de España y de la Unión Europea.

A ello ha sumado un reparto equilibrado de la riqueza, distribuido entre los viticultores y las bodegas; y la estabilidad existente entre las producción y las ventas.

Ha incidido en que todo ello es gracias a la autogestión integral que realiza el propio sector, tanto de su potencial productivo como de su propio reglamento, por lo que es "importante, posible y adecuado que nuestra Denominación continúe controlando su potencial vitícola".

Rubio también ha consultado sobre la propuesta que ARAG-ASAJA solicitó al Ministerio, de la que la Comisión Europea ha confirmado que ya ha recibido, para que, dentro del reglamento Omnibús y en el marco del reparto de las autorizaciones de viñedo, se limite la superficie máxima distribuida por agricultor y año.

Ha afirmado que los responsables de la Comisión Europea han contestado que para modificar la norma actual tiene que haber un acuerdo al respecto entre la Comisión, el Consejo y Parlamento y la dilatación de ese acuerdo condicionará que su aplicación se produzca en 2018 o más tarde. EFE.

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