Consell Ibiza abrió 236 diligencias por alquiler turístico irregular en 2016

El Consell de Ibiza abrió durante el pasado año 236 diligencias por infracción en relación a alquileres turísticos irregulares.

Durante 2016, el servicio de Ordenación Turística realizó 1.539 actuaciones, de las que 1.199 se referían a investigación y sanción de actividades irregulares y el resto, 340 actuaciones, fueron de elaboración de bajas definitivas, informes técnicos, subsanación de deficiencias, asesoramiento técnico y otros trámites, ha informado en un comunicado la institución insular.

De éstas 1.199 actuaciones, 391 son expedientes referentes a alquileres turísticos de viviendas y su comercialización. A su vez, 263 han consistido en la apertura de diligencias por infracción, mientras que las otras 128 actuaciones han sido en relación a nuevas inscripciones de estancias turísticas en viviendas.

Para este ejercicio, la máxima institución insular ha iniciado en abril las campañas de lucha contra las actividades turísticas irregulares, que se centrarán en los alquileres turísticos fuera de ordenación y en otras formas de intrusismo.

El plan incluye llevar a cabo 1.195 actividades referentes a los distintos ámbitos turísticos.

El Consell ya ha realizado requerimientos a inmobiliarias sobre la normativa y la obligatoriedad de que las viviendas que comercialicen a turistas deben contar con registro de estancia turística y también a diferentes portales de internet que comercializan turísticamente viviendas, para que publiquen el número de registro de la estancia turística.

Durante abril y mayo, el plan tiene previsto intensificar las actuaciones encaminadas a detectar la oferta clandestina, lo que coincide con los meses de pretemporada cuando existe una mayor oferta de este tipo.

En junio, julio y agosto se revisarán los correspondientes registros insulares para determinar que las actividades inscritas mantienen las condiciones por las que fueron registradas en su día.

El Consell de Ibiza ha insistido en la necesidad de modificar la LAU y la Ley Turística para dotar a la administración de instrumentos legales "más claros y contundentes" para combatir los alquileres irregulares.

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