Las comunidades de vecinos podrán vetar el alquiler de pisos a turistas

Las comunidades de vecinos podrán vetar el alquiler a turistas de pisos en sus edificios aunque estén en zonas donde se permita el arrendamiento vacacional en inmuebles plurifamiliares, según recoge el proyecto de reforma de la Ley de Turismo aprobado hoy por el Govern balear.

El Consell de Govern ha dado el visto bueno a la nueva regulación del alquiler vacacional una vez analizadas las alegaciones a la propuesta inicial, con lo que se iniciará el trámite para su ratificación en el Parlament por vía de urgencia.

Según ha informado el conseller de Turismo, Biel Barceló, el proyecto mantiene que, salvo que se recoja la autorización expresamente en los estatutos de la comunidad, corresponderá a la asamblea de vecinos aprobar por mayoría si se pueden alquilar viviendas a turistas en sus edificios.

Esta opción se plantea solo en los casos de zonas en las que los consells insulars y los ayuntamientos autoricen el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares, puesto que corresponde a esas administraciones el desarrollo de la norma en función de las peculiaridades territoriales.

Con la excepción del Ayuntamiento de Palma, que será autónomo, los consells insulars dictarán unas directrices que aprobarán una vez analizados los informes de cada ayuntamiento. Estos informes municipales solo serán vinculantes en caso de que su propuesta sea más restrictiva que la de la administración insular, ha detallado Barceló.

El vicepresidente, responsable de Innovación, Investigación y Turismo, ha incidido en que el proyecto establece que será considerado alquiler turístico cualquiera con menos de un mes de duración con el propósito de salvar el vacío que genera la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite alquileres de cualquier duración y deja en manos de las comunidades autónomas la regulación de los arrendamientos vacacionales.

La ley balear determinará que son vacacionales aquellos que se comercialicen por canales dirigidos a turistas (como las plataformas de internet) y que, siendo por menos de un mes, no justifiquen su exención con un contrato y un depósito equivalente a la renta de dos meses, como establece la LAU.

Una de las modificaciones incluidas en el texto es rebajar de 10 a 5 el tiempo mínimo de antigüedad del inmueble que se destina a alquiler vacacional, una modalidad de explotación que deberá estar declarada en un registro específico y cuyos clientes tendrán que pagar la ecotasa, igual que los que se alojan en hoteles.

Las plataformas web solo podrán comercializar las viviendas dadas de alta, un requisito cuyo incumplimiento será considerado una falta grave y sancionado en el marco de un régimen que prevé, por esa y otras infracciones, multas de entre 20.000 y 40.000 euros.

Las viviendas que se alquilen a turistas deberán cumplir con todos los requisitos legales propios de cualquier residencia y además disponer de herramientas de eficiencia energética y control del uso de recursos como contadores individuales de electricidad y agua. Los ayuntamientos podrán imponer tasas diferenciadas por el consumo de agua a los explotadores de esas casas.

La futura ley contempla que, para promover el respeto entre residentes y turistas, los arrendatarios tendrán que ser informados de las normas básicas de convivencia de cada comunidad y comprometerse a respetarlas.

Barceló ha subrayado que con la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Turismo la norma podría estar en vigor en dos meses, pero ha recordado que mientras los consells y el Ayuntamiento de Palma no aprueben definitivamente la zonificación de los usos permitidos no se darán de alta nuevos arrendamientos turísticos, por lo que los que se hagan al margen del registro serán ilegales.

Ha considerado que la nueva regulación es una "solución equilibrada" en un contexto de aumento incontrolado de la oferta de alquiler vacacional que presiona al alza sobre el precio de la vivienda, la explotación de los recursos naturales y las infraestructuras de las islas.

El vicepresidente ha destacado, por otra parte, que el cambio de la Ley de Turismo acabará con las excepciones en la norma de que para dar de alta una plaza de alojamiento turístico hay que adquirir una en la bolsa insular correspondiente o de un establecimiento que se de baja, unas salvedades que habían supuesto un crecimiento de la oferta, que asciende a unas 500.000 plazas en todo el archipiélago.EFE

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