La resolución de ocupación de viviendas beneficiará a unas 450 familias

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado hoy una resolución de la Dirección General de Vivienda por la que se establecen los criterios de regularización de la ocupación de viviendas sin título, una norma que podría beneficiar a unas 450 familias valencianas.

Según un comunicado de la Generalitat, la falta de una política activa de vivienda del anterior Consell dio lugar "a un aumento de ocupaciones ilegales consentidas en viviendas públicas que, al inicio de esta legislatura, se cuantificaban en más de 500".

La Conselleria ya aprobó el 8 de marzo y el 28 de julio de 2016 sendas resoluciones para regularizar la situación de estas familias, que afectaban a los ocupantes de vivienda sin título que presentaron una solicitud en el plazo establecido por la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como a los que tienen el contrato de compraventa resuelto por impago pero siguen ocupando la vivienda.

La nueva resolución de la Dirección General de Vivienda engloba los dos caos anteriores y una tercera opción para los ocupantes sin título que hayan establecido su domicilio habitual en una vivienda pública antes del 1 de julio de 2015.

Para este tercer caso, para llevar a cabo la adjudicación de la vivienda con carácter excepcional, se tendrán en cuenta una serie de criterios objetivos como "cumplir las condiciones para acceder a una vivienda de promoción pública, acreditar situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación, familias numerosas, con hijos mejores y víctimas de violencia machista.

Se incluye asimismo una serie de criterios subjetivos para regularizar su situación, como demostrar una buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio, para lo que la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) podrá recabar información de los servicios sociales municipales.

Para acogerse a esta resolución, los interesados deberán presentar una solicitud con la documentación acreditativa y, una vez analizada y valorada, la dirección general de Vivienda decidirá su regularización.

"El actual Consell, decidido a poner en marcha una política de vivienda y de rescate de personas, determinó no permitir nuevas ocupaciones ilegales después de julio de 2015, al estar aplicando una política de vivienda social y de reforma del parque público que no había existido en las anteriores legislaturas", han destacado desde la Conselleria.

A su juicio, los motivos de esta decisión son "claros", ya que han considerado que las ocupaciones ilegales "vulneran los derechos de las personas registradas en la lista de demandantes de vivienda, impiden la rehabilitación del inmueble y suponen un riesgo para el propio ocupante y el resto de vecinos, puesto que, en muchos casos, van acompañadas de enganches ilegales a las redes de suministros".

"Todo ello, sin olvidar el efecto llamada a incumplir la ley que la Administración autonómica no puede ni debe permitir", han añadido, aunque han destacado que desde la Generalitat "tampoco se puede seguir ignorando la situación de familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar, ante la pasividad del Gobierno autonómico que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones".

La nueva resolución de Vivienda, han detallado, forma parte del Plan de Normalización impulsado por la Conselleria de Vivienda que dirige María José Salvador.

En ella, asimismo, se ha tenido en cuenta el "elevado número de viviendas del parque público ocupadas sin título y la repercusión social que ello implica", ya que, han considerado, muchos de los ocupantes "cumplen con las condiciones para ser adjudicatarios y, además, en algunos casos viven una situación de vulnerabilidad social".

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