Fiscalía investiga a la Conselleria de Agricultura por contratar con Tragsa

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para investigar si la Conselleria de Agricultura ha contratado de forma irregular con la empresa pública Tragsa a raíz de una denuncia presentada por USO, según han confirmado a EFE fuentes de este sindicato.

Según consta en las dos denuncias presentadas por USO ante la Fiscalía, a las que ha tenido acceso EFE, estas actuaciones presuntamente irregulares se atribuyen a la consellera, Elena Cebrián; al secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero; al director general, Rogelio Llanes, y otros altos cargos y funcionarios la comisión de cuatro delitos.

Concretamente, se denuncian dos casos de presunta prevaricación por violar una directiva europea de contratos -que impide contratar a Tragsa como medio propio- y la Ley de Contratos del Sector Público -por no contratar la opción más barata (Vaersa)-, además de un presunto delito de malversación y otro delito fiscal en grado de tentativa, según USO.

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha asegurado que las encomiendas de gestión efectuadas por la Conselleria de Agricultura a Tragsa no vulneran la Ley de Contratos del Sector Público y cuentan con informes favorables de la Intervención y la Abogacía del Consell.

Sin embargo, USO alega que, pese a la publicación de una nueva directiva europea sobre contratación pública y los reiterados avisos, por escrito, a los altos cargos de la Conselleria, desde Agricultura se han hecho tres adjudicaciones directas a Tragsa, como medio propio, por valor de 4,2 millones de euros.

En opinión del denunciante, Tragsa no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado medio propio de la Generalitat, y considera "prueba de ello" que el Consell compró una acción de esta empresa el pasado mes de agosto para "poner remedio a posteriori" a esta supuesta ilegalidad.

Un mes antes de la entrada en vigor de la citada directiva europea, en abril, USO informó al respecto a Presidencia, Vicepresidencia y las consellerias de Hacienda y de Agricultura para que se dejase de contratar a Tragsa como medio propio.

Esa información fue ampliada entre mayo y junio a los secretarios autonómicos de Agricultura y Medio Ambiente, según expone el sindicato en su denuncia.

En opinión de los denunciantes, la Generalitat no podía considerar a Tragsa medio propio porque no había designado a nadie en el consejo de administración y no era copropietaria de esta empresa, pues hasta agosto no compró una acción.

Así, USO entiende que la Generalitat no podía adjudicar a Tragsa de forma directa ningún contrato o encomienda de gestión, además sin pagar el IVA, motivo por el cual añade la supuesta infracción fiscal.

A juicio de este sindicato, estas encomiendas no solo son ilegales sino un 30 % más caras que si las hubiese ejecutado Vaersa, e insiste en que esta última cumple "todas las condiciones de la legislación nacional y europea para ser considerada servicio técnico y medio propio de la Generalitat".

Asimismo, se expone que no hay ninguna limitación legal por parte de la UE a la utilización de Vaersa para adjudicaciones directas de obras o de encomiendas de gestión, ya que los encargos realizados por la Generalitat a Vaersa están "expresamente excluidos de la directiva europea de contratación".

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