Bravo defiende que el decreto de turismo "no amordaza" y es "indispensable"

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha manifestado hoy que el Tribunal Supremo ha defendido que el decreto de coordinación de las diputaciones provinciales en materia de turismo "no pretende amordazar a nadie" y considera que es "indispensable".

Así lo ha señalado Bravo en su comparecencia en la sesión de control al Consell en Les Corts Valencianes, donde ha respondido a la pregunta del grupo parlamentario popular sobre la derogación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de este decreto.

Ha reivindicado que el decreto "pretendía evitar disfunciones que produciría una gestión separada de los servicios públicos" y no "amordazar a nadie", y ha indicado que existen mecanismos que garantizan que "la coordinación es indispensable para el buen funcionamiento de un Estado descentralizado".

Además, ha recordado que la Ley 7/85, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, prevé la posibilidad de que la Generalitat coordine la actividad de la Administración local.

Ha señalado asimismo que la Ley 2/1983, de 4 de octubre, de la Generalitat declaró de interés general para la Comunitat determinadas funciones propias de las diputaciones provinciales, entre ellas el turismo.

Esta norma, ha añadido, constituye el "anclaje" del decreto que aprobó el Consell, porque preveía que los criterios de coordinación del turismo se pudieran regular por un decreto, y ha añadido que si el Tribunal Supremo declara interés casacional, "será el Alto Tribunal el que determinará la validez o no de esta norma".

En cuanto al anteproyecto de la nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, Bravo ha defendido que tiene como objetivo "promocionar y ordenar la actividad turística en todo el ámbito de la Comunitat, el fomento y modernización del sector, impulso de la hospitalidad y proporcionar un marco normativo para la acción de todas las Administraciones".

"Son dos normas, una ya aprobada y pendiente de resolución judicial, y la otra en elaboración, que están en marcha para cumplir nuestras obligaciones de gobierno", ha aseverado la consellera.

Por su parte, el diputado del PP Fernando Pastor ha afirmado que el decreto "usurpa competencias a las diputaciones" y así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, y ha manifestado que "lo más coherente es dejar las cosas como están" y sentarse a negociar con las diputaciones y el sector y no exponerse más a un varapalo judicial".

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