Asociaciones de Baleares y Canarias se unen por un alquiler vacacional justo

Las asociaciones de alquiler vacacional en Baleares y Canarias APTUR-Baleares y ASCAV, que suman más de un millar de socios y representan a unas 75.000 viviendas, han decidido unirse en su "batalla" para conseguir una regulación "justa" del alquiler vacacional "adaptada a la realidad".

En un comunicado, la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (APTUR) explica que los dos archipiélagos son potencias y referentes de turismo a nivel mundial y tienen similares características geográficas, económicas y sociales.

Sin embargo, se queja, actualmente existen unas restricciones que a su parecer no están justificadas y que se traducen en una "práctica prohibición" a la vivienda vacacional, que limita no sólo el derecho a la propiedad, sino también el derecho al libre servicio.

Estas dos asociaciones han decidido unirse ante la "desidia" de los dos gobiernos autonómicos para dar cobertura legal a una "realidad latente y en crecimiento", y para dar seguridad jurídica a los propietarios e intermediarios y a los millones de turistas que eligen anualmente esta modalidad de alojamiento.

Ambas entidades ya han solicitado audiencia con la Secretaría de Estado de Turismo, Matilde Asián, para analizar esta problemática.

En Canarias el alquiler vacacional está regulado por el decreto 113/2015 de 22 de mayo. Según la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), este decreto no se ajusta al compromiso del ejecutivo canario de que pasean a situación legal todas las viviendas vacacionales, que están en situación de "alegalidad".

ASCAV sostiene que este decreto vulnera principios como la libertad de competencia o el derecho al libre uso de la propiedad, y ha generado un caos normativo e inseguridad jurídica.

En las Islas Baleares, el borrador de anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Turismo de las Islas Baleares establece techos, zonificaciones y requisitos de "difícil" cumplimiento para legalizar la vivienda vacacional en general, afirma la asociación de Baleares.

Además, se establece también licencias de cinco años, revisables en cualquier momento, para viviendas en edificios plurifamiliares, lo que a su entender genera "inseguridad jurídica".

El borrador, además, fija requisitos de aprobación previa por parte de las comunidades de propietarios de las viviendas plurifamiliares, invadiendo competencias estatales y contraviniendo la Ley de Propiedad Horizontal.

Por otra parte, la propuesta de zonificación del borrador, que indica que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma decidirán las zonas donde se permitirá la vivienda vacacional, también genera inseguridad jurídica, según APTUR.

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