Los vecinos de urbanización Santo Domingo confían en la cancelación de vuelos

Los vecinos de la urbanización de Santo Domingo, en Algete, se han mostrado "sorprendidos" ante la decisión del Tribunal Supremo de anular el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenaba suspender el 30 % de los vuelos que sobrevuelan la zona, y confían en que pronto se anuncie la cancelación de los vuelos.

El Supremo ha anunciado que ya tiene una respuesta para el conflicto entre Aena y la urbanización Santo Domingo, pero por el momento no ha hecho pública su sentencia y se ha limitado a comunicar que no prohibirá todos los sobrevuelos, como pedían los vecinos.

Por otro lado, tampoco admite la resolución que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obligaba a reducirlos en un 30 por ciento.

El gerente de la comunidad de propietarios Ciudad Santo Domingo, Santiago Calderón, ha dicho que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia tres veces, por lo que esperan que en la cuarta "no vayan contra su propia doctrina" y dictaminen que se eliminen los vuelos.

Además, confía en que pidan que se eliminen todos los vuelos, "ni el 30 ni el 50%", porque lo contrario sería permitir que continúe "una lesión de derechos fundamentales" que "se alarga desde hace ocho años".

"Estamos sorprendidos porque llevamos ocho años con una sentencia firme que no tiene más recorrido judicial", porque esa vía se agotó en el Supremo y, sin embargo, los tribunales "no ejecutan la sentencia".

"Esto no parece un Estado de derecho: un país donde no se ejecutan las sentencias es un país donde no existe el Estado de derecho ni la seguridad jurídica", ha considerado Calderón.

La asociación ha manifestado que, a su juicio, la sentencia dice de forma "clara" que los aviones "deben ir por otro lado o hacer lo que tengan que hacer" con tal de que no sobrevuelen la urbanización.

Los vecinos han recalcado que la sentencia hace referencia a una lesión de derechos fundamentales a la intimidad domiciliaria.

Han añadido que en el año 2000 tenían que haber expropiado la urbanización y haber pagado un precio justo a los dueños por indemnización.

Sin embargo, han denunciado que "falsearon la documentación" y dejaron a la urbanización Santo Domingo fuera de la huella sonora, asegurando que no estaba dentro de la zona de afectación, al igual que en la declaración de impacto ambiental.

También han sostenido que en este proceso ha habido una "gran intoxicación" por parte de la administración de Aena y del Ministerio de Fomento, que son los que, a su juicio, "controlan a los medios de comunicación y los que tienen dinero para organizar campañas".

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