El PSPV teme que Ortiz "vuelva" a Benidorm por la gestión del Plan Armanello

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Benidorm ha expresado hoy su "temor" a que Enrique Ortiz "vuelva a la ciudad" con motivo de la creación de una Agrupación de Interés Urbanístico de propietarios de buena parte del suelo de Armanello, en la que este empresario está integrado.

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha afirmado que Ortiz posee un 39 % del suelo de Armanello y la agrupación de propietarios, en torno a un 70 %, por lo que la representatividad del empresario en la agrupación es muy significativa.

Estos propietarios ya han expresado al consistorio su intención de urbanizar ese Plan Parcial, para lo cual la legislación les asiste al contar con más del 50 % del terreno.

El Plan Armanello se encuentra en la actualidad desprogramado tras habérsele retirado al propio Ortiz hace meses la condición de agente urbanizador.

Tras aquello, el ayuntamiento decidió "explorar" la posibilidad de asumir la gestión directa del Plan, una opción que parece ahora más alejada por la propia voluntad de los propietarios y "por varios informes que advierten de su elevado coste", según ha explicado Martínez.

Sin embargo, antes de su desarrollo es necesario elaborar las bases de ejecución del mismo; es decir, las líneas que debe seguir la realización del sector.

En ese sentido, los propietarios también han revelado que, desde hace tiempo, ya han comenzado a redactar esas base de ejecución.

En ese punto, tanto el alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), como el propio Martínez han recalcado hoy que "la aprobación de dichas bases es competencia exclusiva del pleno municipal, que es quien tendrá la última palabra".

Es aquí donde el PSPV-PSOE ha expresado sus discrepancias porque "hace más de un año" ya pidió "en una moción que el ayuntamiento redactara las bases del desarrollo de Armanello, y no han hecho nada".

De ahí que Martínez haya acusado a los populares de "dejación de funciones deliberada" porque, en su opinión, "la intención del PP era que los técnicos municipales y los de la agrupación de propietarios se sentasen juntos para redactarlas".

Ante esa posibilidad, Martínez ha demandado un informe a la Secretaría para "saber si esa colaboración se ajusta al ordenamiento jurídico".

Ha subrayado que si se aprueban unas bases de ejecución redactadas por terceros ajenos al ayuntamiento, "los que votasen a favor podrían ir a la cárcel o tener problemas judiciales".

Por su parte, el alcalde ha manifestado que "no está descartada" la gestión directa del sector urbanístico y que, en cualquier caso "será el pleno quien lo haga".

Sobre los propietarios, ha indicado que "ellos pueden adelantar todo el trabajo que quieran, pero será el pleno el que se posicione sobre las bases de ejecución".

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