La Comunidad defiende sus sanciones a BlaBlaCar, que desvincula de sentencia

La Comunidad de Madrid ha defendido las sanciones que en su día puso a BlaBlaCar, que desvincula del fallo del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que desestimó la demanda por competencia desleal interpuesta por la Confederación de Transporte por Autobús (Confebús) contra la plataforma de coches compartidos.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha recordado que la sentencia, conocida la pasada semana, fue contra una demanda de Confebús, que no tiene nada que ver con las sanciones que la Comunidad puso a la plataforma.

La Comunidad, ha dicho, "respeta" la decisión judicial, y recuerda que en la sentencia "no se recoge nada que haga pensar" que el Gobierno regional actuara "de manera incorrecta" al sancionar a BlaBlaCar.

Y Garrido ha añadido que si en el futuro hay una sentencia que cuestione las sanciones de la Comunidad, "también la acataremos".

La Consejería de Transportes impuso sanciones a la filial española de Blablacar, Comuto, por prestar un servicio de transporte público sin tener el permiso correspondiente, con tres multas por un total de 8.800 euros a la compañía y un total de 4.001 euros a dos conductores.

Posteriormente, BlaBlaCar presentó una denuncia contra el Estado español ante la Comisión Europea (CE) por las sanciones impuestas y los expedientes abiertos por la Comunidad de Madrid, al entender que el Gobierno regional ejerce una obstaculización" de su actividad y la de los usuarios.

La pasada semana se conoció una sentencia del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid que desestimaba la demanda por competencia desleal interpuesta por Confebús contra BlaBlaCar al entender que la plataforma realiza una actividad ajena a la regulada por la Ley de Transporte Terrestre.

Según la sentencia, "salvo desviaciones excepcionales" BlaBlaCar sólo pone en contacto a particulares "que quieren realizar un viaje juntos y compartir determinados gastos", pero no a organizar el transporte, ya que los conductores "no están contratados, ni pertenecen a una empresa o a una industria dedicada a este fin".

Tras conocerse la sentencia, la Comunidad de Madrid explicó que seguirá realizando inspecciones en el uso de BlaBlaCar, dentro del Plan de Inspección del Transporte al que obliga la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), para detectar si hay usuarios de este servicio que lo utilizan de forma irregular para obtener ganancia económica.

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