Valladolid sigue con propuesta de disolución de sociedad alta velocidad

El Ayuntamiento de Valladolid seguirá con su propuesta de disolución de la sociedad pública que gestiona el soterramiento del ferrocarril dentro de la operación de la llegada de la alta velocidad, al rechazar hoy un pleno extraordinario una moción del PP que propugnaba la continuidad.

La moción del PP pedía que los representantes del Ayuntamiento en la reunión de la junta de accionistas defendieran la continuidad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y del convenio suscrito por el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y la Corporación municipal el 6 de noviembre de 2002, pero fue rechazada por 13 votos a favor y 15 en contra.

La junta de accionistas de la SVAV se reunirá el próximo día 16 para tratar sobre su disolución ante una deuda de 404 millones de euros, de los que la cuarta parte corresponde al Ayuntamiento de Valladolid.

El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, del Grupo Valladolid Toma la Palabra, ha explicado la postura que defenderá el Ayuntamiento consistente en una liquidación ordenada de la sociedad y un acuerdo para garantizar el traslado a las nuevas instalaciones de los talleres de reparación de renfe, incluidas en la operación de llegada de la alta velocidad.

Saravia ha argumentado, para defender la liquidación de la SVAV, la imposibilidad del Ayuntamiento de hacer frente ahora a los algo más de 101 millones que le corresponden de la deuda, aunque ha advertido que es preciso arrancar un acuerdo a los otro socios, el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León, para garantizar el traslado de los talleres a unas instalaciones que, aunque muy avanzadas, están pendientes rematar debido a los problemas judiciales de unos de los proveedores de maquinaria.

La moción del PP planteaba la continuidad de la sociedad pública y reclamar la cantidad no invertida de los 144 millones de euros "comprometidos" por el Grupo Fomento y la incorporación como activo de la diferencia del coste fijado en el convenio para la construcción de los nuevos talleres y el importe final de los mismos con el objeto de "minorar" la deuda.

También proponía la renegociación del crédito concedido por los bancos mediante la adecuación a los condiciones actuales del mercado y si, para ello, el Ayuntamiento precisara aportar algunas cantidades lo haría mediante un crédito participativo y como anticipo a la recuperación por la venta de terrenos afectos a la operación ferroviaria.

Para rechazar esta propuesta, el teniente de alcalde ha argumentado que el Ministerio de Fomento "está escasamente comprometido con el soterramiento" y que la "única preocupación" de los bancos es el cobro de la deuda de manera inmediata y "con presiones y amenazas".

Para un próximo pleno se ha aplazado la moción de adición de la concejala de Ciudadanos, Pilar Vicente, en la que solicitaba la constitución de una comisión de investigación sobre la gestión de la sociedad, cuando el coste total de las obras de transformación del ferrocarril en Valladolid ha pasado de los 527 millones de euros a 1.038 millones, sin incluir los gastos financieros.

También se ha aplazado la propuesta para llevar a cabo una auditoría hecha por la concejala de Sí Se Puede Charo Chavez, quien ha criticado que la operación ferroviaria tiene como base la especulación urbanística en unos terrenos que han perdido valor al "desinflarse" la burbuja inmobiliaria.

También han intervenido ante el pleno la presidenta de la Federación de Vecinos "Antonio Machado", María Jose Larena, quien ha considerado la disolución de la sociedad como "un fracaso", y un portavoz de CCOO, Jesús Andrés Gallego, y otro de UGT, Gregorio Ferreras, quienes han exigido garantías para el traslado a los nuevos talleres de Renfe.

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