Cláusulas suelo: Los bancos lo pondrán difícil y ralentizarán al máximo la devolución

La alegría de los dos millones de ciudadanos afectados por la aplicación de las cláusulas suelo en sus hipotecas se está evaporando a medida que pasan las horas. La postura que están tomando las entidades financieras para hacer frente a la resolución de este conflicto tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no es la que muchos clientes esperaban. No solo porque todos los bancos ha mostrado su negativa a devolver ese dinero de forma instantánea y generalizada. Sino porque derivan cualquier decisión final, directamente o de forma insinuada, a lo que determinen los jueces.

Varios grupos financieros ya han dado a conocer cuál será la línea a seguir tras el fallo de Luxemburgo. «Les corresponde ahora a los jueces y tribunales españoles concretar la aplicación de los criterios establecidos por el TJUE a los procesos judiciales sometidos a su conocimiento», han aclarado desde BBVA. También desde Popular han afirmado que «es fundamental conocer la adaptación de la resolución por los jueces españoles, incluido el periodo para que los bancos afectados efectúen el pago de las cantidades previstas». Incluso Sabadell sostiene que sus suelos son legales.

La Asociación Española de Banca (AEB) ha señalado que es necesario aclarar «cómo se trasladará a la jurisprudencia española, porque no existen precedentes de casos parecidos». Y fuentes del resto de entidades afectadas se muestran en la misma línea, aunque en algunos casos se encuentran estudiando cuál es la postura a tomar para determinar sus implicaciones.

A pesar de que los bancos se muestran «abiertos a una interlocución directa con sus clientes a fin de agilizar la aplicación» del fallo, según la patronal, será por la vía de las reclamaciones judiciales por donde se canalizarán las devoluciones completas de todo el dinero cobrado de más. Porque solamente con el pronunciamiento de un juzgado, o del Tribunal Supremo si el caso llega hasta esta última instancia, un banco estará obligado a reintegrar el coste de limitar los intereses de las hipotecas de sus clientes. Ningún hecho les obliga a actuar de forma contraria, salvo que lo hagan particularmente caso por caso.

De hecho, el Supremo tiene previsto reunirse en enero para «ajustar su jurisprudencia» al pronunciamiento comunitario. Lo hará la Sala de lo Civil para resolver una cuestión aparcada en el mes de abril relativa a un recurso de Unicaja contra una sentencia de la Audiencia de Jaén en la que ya se determinaba la retroactividad total de las devoluciones por una cláusula suelo. Entonces, el Supremo esperó a que fuera el TJUE el que fijara su posición para después actuar.

Se trata de la misma estrategia que la banca ha desarrollado para eliminar las cláusulas suelo de sus préstamos hipotecarios. Al no estar obligadas judicialmente a anular esta condición de los contratos, cada entidad lo ha ido estableciendo en el momento que consideraban oportuno, y no de forma masiva.

Ninguna entidad financiera española ha devuelto a todos sus clientes afectados el dinero cobrado de más hasta mayo de 2013, tal y como establecía el alto tribunal. «Sólo lo han hecho de forma esporádica con tendencias firmes», señalan fuentes próximas a la banca. «No cabe esperar que ahora, con unas cantidades de dinero más elevadas, acepten la retroactividad total», afirman estas mismas fuentes.

Litigios costosos o arbitraje

El problema para los hipotecados es que no todos se atreverán a enfrentarse a un proceso de esta envergadura, aunque tengan el respaldo del criterio aceptado por el Tribunal de Luxemburgo. La probabilidad de éxito es elevada, pero el coste económico y el esfuerzo pueden retraer a muchos usuarios a actuar.

Para evitar el saturación que se puede registrar en los juzgados, el portavoz socialista de Economía, Pedro Saura, anunció este jueves que el PSOE propondrá al Gobierno que habilite un procedimiento extrajudicial para que se cumpla cuanto antes la sentencia del TJUE. Lo hizo después de reunirse con varias asociaciones de consumidores para tratar las consecuencias de este caso.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha avisado de que se trata de un acuerdo entre bancos y consumidores y que deberá ser entre ellos entre quienes solucionen el problema que no corresponde al Gobierno», sino a las entidades y sus clientes.