Las grandes eléctricas no serán las únicas que paguen el bono social
El reciente fallecimiento de una anciana en Reus que sufría pobreza energética ha disparado las alarmas en el Gobierno y[…]
El reciente fallecimiento de una anciana en Reus que sufría pobreza energética ha disparado las alarmas en el Gobierno y en todos los partidos políticos. El invierno se acerca y esta mañana el ministro de Industria, Álvaro Nadal, se ha reunido con los portavoces paralmentarios del ramo en el Congreso para consensuar qué camino seguir para reducir esta problemática.
Como primer paso, la reunión se ha saldado con el apoyo unánime a que el Gobierno apruebe un nuevo bono social eléctrico que permita la aplicación de precios reducidos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La diferencia de coste sería asumida por todas las compañías comercializadoras, y no solo por aquellas verticalmente integradas, de manera que se salvaría la objeción de las compañías energéticas que llevó al Tribunal Supremo a fallar en contra del primer bono social existente.
Los grupos han solicitado también al ministro que el nuevo bono social tenga en cuenta la renta familiar a la hora de establecer el precio del suministro.
La reunión, de dos horas de duración, no ha servido en cambio para acercar posturas sobre una posible tregua invernal. Esto es, la prohibición del corte del suministro energético a cualquier ciudadano que se encuentre en riesgo de vulnerabilidad durante los meses del invierno.
Según ha defendido el ministro, esta cobertura depende de las comunidades autónomas al estar en sus manos la competencia de Asuntos Sociales. Y que, por tanto, el Gobierno no tiene competencia para hacer el seguimiento a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Los partidos de la oposición, en cambio, creen que este argumetno es tan solo un pretexto y que el Ejecutivo tiene plena capacidad para ordenar a las compañías eléctricas y atajar el problema por la vía rápida.
Para resolver esta divergencia, Nadal ha pedido a los grupos que le hagan llegar sus distintas propuestas cuanto antes con la intención de consensuar medidas contra los cortes de suministro a personas vulnerables «en semanas».
