El Colegio de Caminos pide supervisar las adjudicaciones para evitar bajas

El Colegio de Caminos, Canales y Puertos ha solicitado supervisar los concursos de las administraciones públicas para velar por su legalidad y evitar bajas desproporcionadas, que incluso pueden incurrir, advierte, en delitos de prevaricación urbanística.

Según informa hoy en un comunicado, el colegio ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Torrelavega en el que expone las razones de su solicitud de supervisión de los concursos tanto en este municipio como "en el resto de las administraciones públicas".

Su decano, Enrique Conde, explica que el ayuntamiento tiene la obligación de velar por que los contratos lleguen a buen fin y, en su objetivo de que tengan el menor coste, no puede "arrastrarse solo y exclusivamente por un principio economicista, a riesgo casi seguro" del fracaso de contrato por quiebra.

El colegio alude a las baja de hasta el 87 por ciento presentada al concurso de construcción de carriles bici en Torrelavega, que finalmente fue retirada por la empresa.

Su decano considera que cuando se presentan bajas es porque el Ayuntamiento ha valorado mal o porque la empresa hace la oferta a sabiendas de que no va a poder cumplir y llevará la ejecución del contrato a un punto en el que la administración tendrá que renegociarlo o resolverlo, "dejando la obra a medio ejecutar y un contrato incumplido".

Además recuerda que las bajas temerarias pueden incurrir en un delito de prevaricación porque "a la economía municipal, tanto se le puede dañar por contratar sin contraste de precios como por hacerlo a precios que conducirán al fracaso del contrato".

En el escrito que ha presentado en Torrelavega el colegio aclara que la supervisión de los concursos forma parte de sus funciones, por lo que la solicitud se hace "con el solo y exclusivo ánimo de que los procesos discurran por el cauce de la máxima transparencia", dice.

El colegio felicita al Ayuntamiento de Torrelavega por adaptarse a la legislación europea al acabar con las negociaciones sin publicidad en los contratos menores, que "vulneraban claramente el mercado de la libre competencia".

Y a su juicio, esa actuación debe ir acompañada de una riguroso control en las contrataciones, de forma que en los pliegos se marquen claramente los criterios técnicos requeridos, "evitando excesos economicistas en detrimento de un nivel de calidad que revierta en una optimización de la infraestructura a construir".

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