Abogado de la PAH dice que Goldman Sachs está "amenazando a las familias"

El abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Manuel San Pastor, ha dicho hoy que el fondo de inversión Goldman Sachs, que adquirió viviendas sociales al Ivima, "está amenazando a las familias para que se vayan e incluso ofreciéndoles pequeñas cantidades en negro para que se marchen".

"Ahora mismo hay familias a las que les han subido el alquiler de 80 euros a casi 500 euros", porque antes recibían de la Comunidad de Madrid una subvención al pago del alquiler y ahora ya no.

Así lo ha manifestado durante el encierro que protagonizan, desde las 11.30 de esta mañana en la sede de Goldman Sachs en Madrid, activistas de la PAH y antiguos inquilinos del Ivima que ya tienen fijada la fecha de sus desahucios.

"Estas viviendas se construyeron en suelo público, cedido gratuitamente por los Ayuntamientos para que la construcción de pisos protegidos, y ahora pertenecen a empresas con ánimo de lucro que no respetan su carácter social", ha dicho a Efe durante el encierro.

La PAH reclama que estos inquilinos mantengan "las mismas condiciones del contrato que tenían con el Ivima. Son personas con especial necesidad y por eso fueron adjudicatarias de estas viviendas, que al ser vendidas a un fondo de especulación o buitre se ha roto ese carácter de ayuda de la Comunidad de Madrid", ha dicho.

"Con lo público no se juega, lo público no se vende como ha hecho la Comunidad de Madrid", por lo que el equipo jurídico de la PAH ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por la ilegalidad de la venta de estas viviendas, añadió San Pastor.

El abogado, que consiguió subir a las oficinas con un grupo de activistas para intentar negociar la paralización de los más de 25 desahucios previstos hasta fin de año, ha dicho que "no les han hecho caso", por lo que han optado por continuar con el encierro en el vestíbulo del edificio de oficinas.

Un centenar de personas iniciaron la protesta, que sin embargo ha ido menguando a lo largo de la tarde, ya que la Policía impide volver a entrar a quienes salgan del edificio y tampoco pueden ir al lavabo.

Menos de veinte activistas siguen encerrados, mientras otros tantos les apoyan frente al edificio desde fuera.

Varios afectados han confirmado a Efe que la empresa Encasa Cibeles, que gestiona los pisos, y "mediadores de Goldman Sachs" les está ofreciendo "3.000 euros para que se vayan", sobre todo a las familias que han ocupado pisos vacíos.

"Muchos han aceptado, pero los que tenemos hijos menores, ¿adónde vamos a ir con este dinero?", señalan los afectados.

Uno de los portavoces de los inquilinos ha recordado que el gobierno de Ignacio González (PP) vendió las casas "por un precio de amiguetes, 90 millones por debajo del valor de mercado, un pelotazo que ahora están pagando familias con niños que irán a la calle".

Ha citado apellidos de "grandes familias, que han manejado los negocios desde siempre", desde cargos en Goldman Sachs a consejeros, familiares de políticos y asesores de bancos y de la Comunidad que participaron en esa compraventa.

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