Los acusados de las 'black' tratan de expulsar a Bankia del juicio

Primer día del juicio por las llamadas tarjetas 'black', con las que 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia -desde directivos a políticos, empresarios y sindicalistas- despilfarraron hasta 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, y también primera jornada de protagonismo de las defensas, que si fuera solo por número ganarían por goleada a las acusaciones, únicamente tres junto a la propia Fiscalía Anticorrupción. Era su día de gloria porque, aprovechando el trámite obligado de las cuestiones previas, lanzaron todo su arsenal jurídico para tratar de desmontar, o cuanto menos dejar tocado, uno de los procesos más mediáticos que la justicia ha llevado a cabo para depurar responsabilidades penales por los excesos de parte de la banca, especialmente durante los años de la crisis.

Y la primera pieza que pretenden cobrarse es de caza mayor. Porque este lunes la mayoría de los abogados de los 65 acusados pidieron la expulsión del procedimiento de Bankia y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tras su obligado rescate público en mayo de 2012 es su accionista principal con el 64% del capital social. El motivo, según esgrimieron, es que ambos carecen de legitimación activa para ejercer la acusación, ni la acción popular al no reunir los requisitos necesarios ni tampoco la particular, porque "no son perjudicados ni ofendidos" al no ser "formalmente sucesores" de Caja Madrid. La heredera directa sería su fundación, que renunció a personarse en el caso, y el banco, apuntaron, "simplemente" fue el resultado de la fusión de varias entidades de ahorros, entre ellas la madrileña.

"No tienen vela en este entierro", llegó a aseverar el letrado del exconsejero Estanislao Rodríguez Ponga, que fue anteriormente secretario de Estado de Hacienda y quien cargó un total de 255.372 euros a su 'black', ante el tribunal que componen tres magistradas de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sacar a Bankia y el FROB del juicio, algo por otra parte "altamente improbable" a estas alturas según distintas fuentes jurídicas -en este sentido apuntan que la Audiencia Nacional ya rechazó una petición similar en la fase de instrucción-, no sería precisamente algo gratuito. Sin perjudicado directo quedarían en entredicho las indemnizaciones que se reclaman (12 millones una vez descontadas las sumas ya prescritas), puesto que ambas entidades pugnan por ser las receptoras finales de esos fondos.

No fue ese el único argumento usado por las defensas para deslegitimar la labor de Bankia, puesto que también insinuaron que desde el banco se podría haber llegado a "falsear" o "manipular" los movimientos bancarios de aquellos polémicos 'plásticos' (tarjetas Visa de clase Oro y Plata) con el fin de cargar las tintas contra los gestores anteriores. La clave de esa grave acusación contra la entidad que preside José ignacio Goirigolzarri reside en la forma que se crearon los archivos Excel que contienen esos datos, y que son precisamente la base sobre la que se sustenta todo el caso.

"Ni conocemos el sistema (las hojas de cálculo de Excel) ni la custodia que ha tenido", denunció la abogada de Ángel Gómez, exmiembro de la comisión de control de la caja de ahorros (dispuso de 149.000 euros con su tarjeta). Los archivos, abundó en su queja, "están plagados de errores, apuntes duplicados y de sitios en los que mi cliente no ha estado jamás", para terminar quejándose de que tampoco existe "soporte documental que acredite la realidad de los gastos". Olvidó, sin embargo, que durante la instrucción quedó claro que los beneficiarios de las 'black' no tenían obligación de justificar sus desembolsos, pese a lo cual algunos de ellos sí intentaron aportarlos hasta que desde la dirección de la caja se les dijo que era innecesario.

Archivos "plagados de errores"

Pese a ello, las defensas insistieron en tratar de desvirtuar la "validez formal" como prueba esencial de los controvertidos Excel. El letrado de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE (94.000 euros gastados con su 'black'), llegó incluso a tacharlos de "chapuza hecha por un mero colegial porque están "plagados de errores". En un tono similar, la abogada de Rodolfo Benito, exconsejero y exdirigente de CC OO, dijo que resulta "imposible determinar de dónde ha extraído Bankia esos datos", al tiempo que acusó a los responsables del banco de "actuar con una clara actitud incriminatoria" al aportar "solo material inculpatorio y no exculpatorio" pese a que, según ella, también disponían de él.

Aún compartiendo las alegaciones de sus compañeros -básicamente casi todos los defensores se fueron adhiriendo, uno tras a otro, a las mismas quejas- los abogados de Miguel Blesa ( 436.700 euros con la tarjeta) y Rodrigo Rato (99.054 euros), los principales responsables de este sistema "opaco" de pagos -como lo definió el juez del caso- abundaron más en la tesis de que el acceso a los movimientos bancarios de sus clientes habría vulnerado la Ley de Protección de Datos puesto que no son meras cifras sino que revelarían "aspectos íntimos de la persona", e incluso podrían llegar a afectar a su "libertad y dignidad". Además, señalaron que se conservaron más allá del período de consentimiento fijado (18 meses) y que se manejaron sin una orden judicial previa.

La última queja formulada por los letrados de los usuarios de los 'black' -la exposición de las cuestiones previas continuará este martes- fue la posible prescripción del delito de apropiación indebida que la Fiscalía atribuye a todos ellos. A su juicio, ese plazo se habría cubierto con creces (los primeros pagos no declarados prescritos son del año 2003) cuando Anticorrupción presentó su denuncia en octubre de 2014. Por eso consideran que el Ministerio Público trató de "resucitar" unos hechos ya extinguidos, "alterando la interpretación de la ley" para "convertirlos en algo continuado" y permitir que la responsabilidad penal siga viva "modificando plazos".