La Junta destaca el carácter social del Plan de Vivienda y Rehabilitación

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha destacado hoy el "marcado carácter social" del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que dará prioridad al fomento del alquiler y la rehabilitación, movilizará 1.300 millones de inversión y creará 40.000 empleos.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico López ha defendido el plan, aprobado el pasado agosto por el Gobierno andaluz y que ha calificado como "ambicioso y realista", ya que "cumple con las exigencias de estabilidad presupuestaria y tiene un marcado carácter social".

Según ha explicado, la planificación centrará sus mayores esfuerzos en aquellos colectivos de la población que "se encuentran en una situación más vulnerable y que tienen dificultades para seguir conservando la vivienda en la que residen o bien para acceder a una vivienda digna".

El consejero, que ha anunciado una reunión con el Ministerio para el próximo martes, ha señalado como principales ejes estratégicos la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler y la rehabilitación, con el desarrollo de 188.545 actuaciones en total y una inversión pública cercana a los 730 millones de euros hasta 2020, a la que se sumará la que aporte la iniciativa privada.

López ha destacado la "importante contribución" del plan para la generación de actividad económica y empleo y ha destacado el fomento de las actuaciones de rehabilitación, con las que se prevé la creación de 40.000 empleos, todo ello a través de la movilización de una inversión total de 1.300 millones de euros, contando con la aportación de recursos públicos y privados.

Alicia Martínez, del PP, ha criticado que no hubiera plan de vivienda en la pasada legislatura y "ahora presenten un documento que carece del más mínimo viso de realidad", por lo que ha asegurado que la política de vivienda social "nunca ha sido una prioridad" para la Junta.

"Teoría, humo y propaganda frente a la realidad", ha dicho Martínez, quien ha añadido que existe un "muro" entre el Gobierno andaluz y las personas con necesidades en esta materia, con 52.677 ejecuciones hipotecarias entre 2013 y 2015 "sin hacer nada por evitarlo".

Ha acusado a la Junta de "no utilizar" los 455 millones de euros aportados por el Gobierno central para la financiación del plan anterior y ha asegurado que "hace falta tener la boca prestada" para reclamar más ayuda al Ejecutivo del PP para un plan que a su juicio es "del pasado y no del futuro".

Carmen Molina, de Podemos, ha criticado que en Andalucía haya más de 700.000 viviendas deshabitadas y ha dicho que "lo deseable es que el plan se hubiera centrado en ser pasarela entre oferta y demanda".

Ha lamentado que en el plan no exista "una solución real para los andaluces anónimos que no gozan de la preferencia de los altos cargos" y ha considerado "sorprendente" que se apruebe un plan 2016-2020 sin conocer las aportaciones del Estado para 2017, así como que se haga después de la aprobación del presupuesto para 2016.

Desde Ciudadanos Carlos Hernández ha echado de menos "mayor transparencia" en cuanto a la evaluación del Plan Concertado de Vivienda 2008-2012 y ha sostenido que la implantación del nuevo podría ser "mucho mayor", además de considerar que "sería mucho más completo si se pudiera aprovechar la energía solar".

Inmaculada Nieto, de IU, ha reclamado a la Junta que "vuelva a la idea del derecho humano a la vivienda" y a la presión que hay que realizar desde Andalucía para que "se obligue al alquiler social por ley" y "volver a ser vanguardia y punta de lanza de una reivindicación para hacer pleno el uso de las competencias".

En el PSOE Manuela Serrano ha alabado que la Junta "luche constantemente por blindar los derechos sociales de los andaluces" y ha destacado que el plan "prioriza el acceso a la vivienda, fomenta el mercado del alquiler e incentiva la rehabilitación facilitando el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible".

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