El pleno pide el traslado urgente de los talleres, para octubre a más tardar

Todos los grupos que conforman el pleno del Ayuntamiento de Valladolid han firmado esta mañana una moción para instar al Ministerio de Fomento, a Renfe y a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad a que se aceleren y garanticen todos los trámites para el traslado de los talleres ferroviarios.

Han pedido que esos trámites se efectúen de la manera "más rápida posible", aunque entienden que debido a los inconvenientes surgidos, el traslado no podrá ser efectivo hasta "finales de octubre", cuando ya se pueda incorporar "un grupo reducido de trabajadores", según un comunicado remitido por el Ayuntamiento de Valladolid.

Alguno de estos inconvenientes se dieron a conocer durante la jornada de ayer, como la falta de una cabina de pintura, para lo que debe aprobarse un plan de suministro de la misma que debe ser aprobado por la sociedad SVAV y que precisa de al menos cinco semanas.

Otro de los inconvenientes es el referido a una licencia de vertidos, aunque esto es un "trámite rápido", y, finalmente, una autorización del sistema de protección contra incendios que debe otorgar la Junta de Castilla y León.

De este modo, el pleno del Ayuntamiento entiende que la fecha inicial para el traslado, programada para 19 de este mes, es inasumible, aunque en la moción aprobada hoy considera que para finales de octubre la actividad ya puede comenzar en los nuevos talleres.

Para ello, también han instado al Ministerio de Fomento y a Adif a la "pronta apertura" en Madrid del nuevo túnel entre Atocha y Chamartín, ya que el aumento de la carga de trabajo está vinculada a la entrada en servicio de esta nueva conexión ferroviaria.

En este sentido, desde Renfe insisten en que son ellos los "principales interesados" en que se resuelva el problema, tal y como ha comunicado a Efe el director de marketing y mercados exteriores de Renfe, Alejandro Huergo.

El principal argumento de la empresa es que no pueden ceder unas instalaciones que ahora mismo tienen una actividad y ocupan a más de setecientos trabajadores en favor de la ocupación de unos suelos que "todavía no están regularizados" y de los que todavía no tienen garantizada la propiedad.

Por lo tanto, los problemas administrativos competen "principalmente al Ayuntamiento", que debe otorgar la licencia de vertidos, y a la Junta que "debe hacer lo mismo con la protección de incendios", ha incidido Huergo.

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