Nuevo Plan de Vivienda dará prioridad al alquiler y la rehabilitación

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que apuesta por el fomento del alquiler y la rehabilitación y que movilizará unos 730 millones de euros, de los que la Junta aportará algo más de 400 millones.

Los ejes básicos de este plan, que incluye más de 188.000 actuaciones, son impedir la pérdida de la vivienda por motivos económicos, fomentar el alquiler de vivienda -actualmente el 74 % de los demandantes en los registros municipales piden una vivienda en alquiler o en alquiler con opción a compra- y la rehabilitación para lograr la eficiencia energética y la mejora de la accesibilidad.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha destacado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta está "comprometida con los más débiles" tras subrayar que uno de los objetivos del plan, al igual que otras medidas anteriores, es impedir la pérdida de la vivienda por motivos económicos.

Sobre el fomento del alquiler, ha explicado que el plan, que tendrá un impacto en el empleo de unos 40.000 puestos de trabajo, incluye distintas medidas para "dar respuesta" a 32.000 personas en Andalucía mediante ayudas al pago del alquiler, al tiempo que ha resaltado la adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas del parque público de Andalucía (84.000 viviendas).

El consejero ha detallado que el plan, que "cumple con las exigencias de estabilidad presupuestaria", contará con una aportación de la Junta de 385 millones de euros, a los que se sumarán 100 millones más procedentes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a través de operaciones de venta de suelo e inmuebles.

A estas cifras se añaden 59,2 millones en 2016 del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, que expira este año.

La Junta prevé, no obstante, que se mantenga la financiación adicional procedente del Gobierno central, hasta alcanzar los 183,57 millones en el horizonte de 2020, aunque el consejero se ha quejado de que la "fuente financiera" del Ejecutivo de la nación ha estado "ausente" en los últimos años.

La nueva planificación, la primera que se elabora en el marco de la Ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, se configura como el instrumento para coordinar las políticas sociales en esta en materia y para fomentar la actividad económica y la generación de empleo en el sector de la construcción.

En lo que respecta al fomento del acceso a la vivienda mediante alquiler o alquiler con opción a compra, se prevé el desarrollo de 32.200 actuaciones con una inversión de 58,53 millones.

La mayor parte de esta inversión, hasta 50 millones, será para ayudas a familias con recursos limitados o en situación de vulnerabilidad, a las que se sufragará hasta el 40 % de la renta del alquiler, y la convocatoria de 2016 -abierta para la presentación de solicitudes hasta el 5 de agosto- cuenta con una dotación de 16,3 millones.

Del mismo modo, se destinarán 8 millones para ayudas a organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro que fomenten el alquiler asequible para familias desfavorecidas, al tiempo que se incentivará la intermediación de agentes colaboradores.

En esta línea se incluye el reciente acuerdo firmado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que permitirá a la Junta gestionar 400 viviendas vacías y en desuso.

En cuanto a la rehabilitación, el nuevo plan pretende facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad más sostenible con actuaciones que beneficiarán a más de 96.000 personas en materia de eficiencia energética, adecuación y mejora de espacios públicos y restauración de inmuebles de interés urbano y patrimonial.

El consejero ha recordado, en este sentido, que el 51 % del parque residencial andaluz tiene más de 35 años de antigüedad.

Este ámbito, dotado con 228 millones, se divide en tres grandes líneas de ayudas, la primera de ellas destinada a la rehabilitación, que incluye la mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de edificios con una población estimada de 95.000 personas.

La Junta publicará en breve una nueva convocatoria con 16,07 millones de euros para comunidades de propietarios para este año.

Por otro lado, se incentivarán, con 5 millones de euros, obras de seguridad y adecuación funcional de viviendas donde residan personas mayores o con discapacidad.

En la línea de eliminación de la infravivienda se concederán ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad a instancia de los residentes y en colaboración con los ayuntamientos, con una previsión de favorecer a casi 4.000 personas.

Para rehabilitación urbana se prevén 18 millones de euros en intervenciones integrales y de regeneración de espacios públicos degradados o con graves problemas, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de vida a cerca de 20.000 personas.

Por otra parte, se pondrá en marcha el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios, un nuevo programa que entrará en funcionamiento en septiembre de manera gratuita para la ciudadanía y que se adapta a la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios.

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