Más de cien entidades critican la "pasividad" de Colau ante el 'top manta'

Más de un centenar de entidades barcelonesas han criticado hoy la "pasividad" de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante la creciente problemática del 'top manta' o la venta ambulante ilegal en las calles de la capital catalana.

En la lectura del manifiesto conjunto, la presidenta de la asociación de vecinos de la Barceloneta, María José López Samper, ha lamentado la falta de voluntad "explícita" del consistorio barcelonés para solucionar el problema y ha asegurado que este fenómeno crea una imagen de inseguridad y degradación de la ciudad.

"Los firmantes de este manifiesto reclamamos al Ayuntamiento de Barcelona y a las demás administraciones competentes que actúen de forma inmediata contra la venta ilegal que se produce de forma masiva y reiterada en la ciudad", ha apuntado.

López Samper ha explicado que el año pasado hubo más de 63.000 denuncias por ordenanza de civismo, una cifra relativamente superior a la media de los últimos nueve años, que se sitúa en menos de 59.500.

Asimismo, ha señalado que en 2015 se intervinieron más de 873.000 artículos, entre bebidas, artículos de bisutería, juguetes, ropa o gafas de sol.

Por su parte, el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Gené, ha señalado que el seguimiento policial ha demostrado una "ineficacia total" en este último año, que ha dicho "convierte a Barcelona en el paraíso del 'top-manta'".

La representación de estas entidades se reunirá esta tarde con el primer teniente de alcalde y concejal encargado del área de Trabajo, Economía y Planificación, Gerardo Pisarello, quien ha convocado mañana una rueda de prensa para anunciar las medidas que tomará el consistorio barcelonés al respecto.

En este sentido, el presidente de los ejes comerciales de Barcelona, Salva Vendrell, ha señalado que estarán pendientes de lo que Pisarello proponga y que, en caso de no estar de acuerdo con las medidas, realizarán "movilizaciones pacíficas" próximamente.

Asimismo, los firmantes del documento no han descartado emprender acciones judiciales contra este fenómeno, aunque de momento esperarán a ver cómo actúan las distintas administraciones implicadas.

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